El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), oficializó este jueves 22 de enero de 2026 la intervención de la terminal marítima de Ushuaia por un plazo de 12 meses. La medida, plasmada en la Resolución 4/2026, desplaza a la administración provincial encabezada por el gobernador Gustavo Melella, bajo acusaciones de irregularidades financieras y fallas graves de seguridad.
La decisión desató una crisis política inmediata, con la provincia denunciando un «avasallamiento de su autonomía» y confirmando que iniciará una batalla legal para recuperar el control del activo estratégico más importante de la isla.
Los argumentos de la intervención nacional
El director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, justificó la toma de control nacional basándose en auditorías que detectaron los siguientes puntos críticos:
- Desvío de fondos: La Nación asegura que el 33% del presupuesto portuario fue desviado para cubrir gastos generales de la provincia, mientras que solo se destinó un 1,3% a obras de infraestructura.
- Fallas de infraestructura: El informe oficial alerta sobre defensas deterioradas en el muelle, problemas en el tablestacado y obsolescencia en los sistemas de protección contra incendios.
- Riesgos operativos y de ciberseguridad: Se detectó una alarmante falta de estándares mínimos de seguridad informática y riesgos operativos en plena temporada alta.
- Cuestionamiento legislativo: La resolución critica una reciente ley provincial que permite usar el superávit portuario para financiar deudas de la obra social estatal (OSEF).
La respuesta de Tierra del Fuego
El gobernador Melella rechazó de plano los fundamentos, calificando la intervención como un «acto irresponsable» e «intempestivo». Desde el Ejecutivo fueguino sostuvieron que:
- Operatividad normal: El puerto atraviesa una temporada récord con más de 100.000 cruceristas y no presenta riesgos que justifiquen una medida de esta magnitud.
- Falsedad en el desvío de fondos: Fuentes provinciales aclararon que, pese a la ley vigente, no se transfirió dinero del puerto a la provincia ni a la obra social, ya que los plazos administrativos no han vencido.
- Vía judicial: La provincia adelantó que presentará una demanda inmediata ante la Justicia para frenar la resolución, argumentando que se violan convenios de transferencia de dominio firmados en la década del 90.
Operatividad en suspenso administrativo
Un punto particular de la resolución es que, si bien ordena formalmente la «suspensión de la habilitación del puerto», la misma norma deja esa sanción en suspenso para no afectar el abastecimiento logístico ni el turismo internacional. En la práctica, esto significa que el puerto seguirá funcionando, pero bajo la gestión directa de los interventores designados por la Nación.
La disputa ocurre en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, dada la relevancia del puerto de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y nodo logístico del Atlántico Sur.