La controversia en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad escala a la Cámara Federal de San Martín, luego de que el Poder Ejecutivo (PE) apelara un fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la normativa, vigente hasta 2027. La disputa pone en tensión la defensa de los derechos constitucionales a la salud y la rehabilitación, frente a los argumentos del Gobierno sobre la viabilidad presupuestaria y el equilibrio fiscal.

La Apelación del Ejecutivo: Cuestión de Gasto Público

La acción del Poder Ejecutivo busca invalidar la resolución judicial que declaró nulo el artículo central del decreto que suspendía la ley. El Gobierno insiste en que la ley fue aprobada sin especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir sus costos, una omisión que, según sus voceros, hace inviable su aplicación.

La principal preocupación del Ejecutivo es el impacto directo en la administración del gasto público y el programa de equilibrio fiscal. Desde el Gobierno se sostiene firmemente que al ordenar la aplicación de la ley, la Justicia avanzó sobre facultades propias del Poder Ejecutivo, inmiscuyéndose en la elaboración del presupuesto nacional.

Prevalencia de Derechos Constitucionales

La demanda inicial que desató este conflicto provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes presentaron un amparo ante el impacto directo que la suspensión de la ley tenía sobre sus tratamientos y servicios esenciales.

En su sentencia, el Juzgado Federal de Campana esgrimió argumentos centrados en la protección integral. La resolución judicial subrayó la necesidad de que los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad prevalezcan frente a cualquier restricción de índole presupuestaria. Además, el juzgado recordó los compromisos ineludibles que el Estado argentino ha asumido mediante tratados internacionales sobre derechos humanos.

El Futuro de la Ley en la Cámara de San Martín

Con la apelación formalmente presentada, la definición sobre la vigencia inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la delimitación de los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.

Este tribunal deberá sopesar los argumentos del Ejecutivo, anclados en la necesidad de estabilidad económica y la administración de recursos, contra la defensa judicial de derechos humanos fundamentales, tal como lo interpretó el Juzgado de primera instancia. La decisión que emita la Cámara será crucial para miles de familias que dependen de la provisión de estos servicios.