Los defensores del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, y de Catamarca, Dalmacio Mera, se reunieron para abordar la situación de la restitución de pensiones por discapacidad que fueron suspendidas por el Gobierno nacional. Los funcionarios advirtieron que los pagos deben normalizarse en diciembre, o tomarán acciones judiciales.

Decisión Judicial y Causa Colectiva

Ambos defensores destacaron el fallo judicial que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablecer el pago de las pensiones en todo el país. La acción fue un proceso colectivo que unificó distintas causas y tuvo un resultado favorable para los pensionados, muchos de los cuales subsisten con ese ingreso, que es menor a $300.000.

El juez emitió un fallo definitivo sobre el amparo, considerando que la acción de Andis configuró una «vía de hecho administrativa»:

«Las pensiones no contributivas, una vez otorgadas, integran la propiedad de sus titulares y solo pueden ser restringidas mediante un procedimiento administrativo regular y un acto administrativo expreso, motivado y notificado, que permita ejercer el derecho de defensa… Andis no acreditó la existencia de actos administrativos individuales o acumulativos que fundamentaran las bajas; en consecuencia, su accionar configuró una ‘vía de hecho administrativa’: un obrar material sin sustento jurídico, gravemente ilegítimo y lesivo de derechos fundamentales.»

Plazo de Pago y Advertencia

Los defensores coincidieron en que, tras la resolución judicial de fondo, el tiempo prudencial para la normalización de los cobros es la liquidación de diciembre.

• Advertencia: Si la reposición del beneficio no se refleja en los pagos de diciembre, los defensores afirmaron que con seguridad tomarán las sanciones de carácter judicial correspondientes.

Problemáticas Regionales

Ambos funcionarios señalaron que sus organismos mantienen un diálogo constante y han trabajado en conjunto en esta materia. El defensor de Catamarca, Dalmacio Mera, indicó que la agencia de Andis en su provincia fue «desguazada» en los últimos años, dejando a la gente sin un lugar físico para presentar reclamos. La acción judicial fue necesaria ante la falta de respuesta de Andis a sus requerimientos.