La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuestas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.

La presentación judicial apunta a posibles delitos contra la administración pública, en el marco de licitaciones vinculadas a servicios de mensajería masiva y la gestión del predio estatal entre 2025 y 2026.

Sospechas en licitaciones millonarias

Según el escrito, desde la Secretaría de Comunicación y Medios se habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a $3.650 millones para el envío de mensajes, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, se advierten posibles vínculos entre firmas como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría haber afectado la transparencia y la competencia.

La denuncia también menciona variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que —de comprobarse— podría constituir una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Foco en la concesión de Tecnópolis

Otro eje de la denuncia se centra en un presunto conflicto de intereses en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

En ese marco, se señala la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas vinculadas a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Además, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que podría configurar incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

Posibles delitos e investigación

De acuerdo con la presentación, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de pruebas para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.