Un nuevo escándalo estalla en el corazón de la política energética nacional. Lo que comenzó como un «reordenamiento de subsidios» ha mutado en una denuncia de gravedad institucional: la instauración de un impuesto encubierto que obligará a millones de argentinos a pagar por encima del costo real de la energía para financiar obras estatales.

El fin de la tarifa justa: El número que aterra

La diputada Jimena López ha puesto el grito en el cielo tras detectar una «trampa» en la letra chica de la Resolución 484/2025. A partir de 2026, aquellos usuarios que caigan en la categoría «sin subsidio» —un grupo masivo que incluye a la clase media— no solo dejarán de recibir ayuda estatal, sino que serán penalizados.

El Gobierno proyecta cobrarles el 103,4% del costo mayorista. Ese 3,4% excedente es señalado como un «plus» arbitrario y confiscatorio que transforma la boleta de servicios en una herramienta de recaudación impositiva sin pasar por el Congreso.

Las claves de la «trampa energética»

• Más de 7 millones de hogares en la mira: El umbral para perder el subsidio es cada vez más estrecho. Con ingresos superiores a tres Canastas Básicas, una familia pasa a ser considerada «rica» para el sistema y empieza a pagar el sobrecargo.
• Financiamiento forzado: El documento oficial admite que el excedente se usará para infraestructura y eficiencia. En términos llanos: el usuario se convierte en el inversor forzoso de las empresas y el Estado.
• El antecedente delictivo: La oposición advierte que ya existen cargos específicos para obras. Este nuevo ítem se percibe como una «doble imposición» disfrazada de tarifa técnica.

Un golpe al bolsillo en 2026

La advertencia es terminal: «Pagar más del 100% no es tarifa, es un sobrecargo». Con una simple resolución administrativa, el Gobierno habilita un mecanismo donde el precio de la luz y el gas deja de tener relación con el consumo para convertirse en un aporte de capital obligatorio.

Expertos legales ya anticipan una lluvia de amparos judiciales, alegando que ningún ciudadano puede ser obligado a pagar más de lo que cuesta un servicio esencial para financiar obras que el Estado debería cubrir con su presupuesto ordinario. La batalla por las boletas de 2026 recién comienza y promete ser la más feroz de la década.