Denunciaron penalmente a Caputo por irregularidades en los números del INDEC

Denunciaron penalmente a Caputo por irregularidades en los números del INDEC

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una nueva ofensiva judicial tras ser denunciado penalmente por diputados de Unión por la Patria (UP). La presentación, liderada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, acusa al funcionario de intervenir en el funcionamiento del INDEC para postergar la implementación de un nuevo sistema de medición de precios que, según los legisladores, ya estaba listo para aplicarse desde enero de 2026.

La denuncia sostiene que el ministro habría manipulado los tiempos estadísticos con el fin de evitar que el índice reflejara con mayor fidelidad el impacto de los recientes aumentos de tarifas.

Los delitos imputados

La presentación judicial detalla una serie de figuras penales que comprometerían la gestión del titular del Palacio de Hacienda:

  • Violación de deberes de funcionario público: Por presunto abuso de autoridad al ordenar que se mantenga una canasta de cálculo desactualizada.
  • Falsificación de documentos públicos: Al utilizar componentes que no representarían la realidad del consumo actual.
  • Violación del secreto estadístico: Basado en la Ley 17.622, debido a que el ministro adelantó datos en redes sociales antes de la difusión oficial.
  • Confidencialidad: Se lo acusa de filtrar resultados preliminares del IPC de enero a través de su cuenta en la red social X.

El eje del conflicto: el nuevo IPC de 2026

En octubre de 2025, el INDEC había resuelto aplicar una nueva metodología de cálculo para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de 2026. Sin embargo, la orden de Caputo fue frenar este cambio.

Según el análisis de la diputada y economista Julia Strada, esta conducta busca «postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria», ya que el nuevo esquema tendría un peso mayor en los servicios básicos, arrojando cifras de inflación potencialmente más altas que las actuales.

Consecuencias sociales y económicas

Los denunciantes advierten que la alteración de la medición no es solo una cuestión técnica, sino que tiene efectos directos en la economía real de los argentinos:

  1. Jubilaciones y Asignaciones: Al estar indexadas por la inflación oficial, una cifra menor a la real perjudicaría el poder adquisitivo de los beneficiarios.
  2. Paritarias: Los acuerdos salariales, tanto públicos como privados, toman como base el IPC del INDEC, por lo que una distorsión afectaría las negociaciones colectivas.
  3. Credibilidad institucional: La denuncia resalta que el propio ministro reconoció públicamente que el resultado variaría según qué cálculo se aplique, lo que para la oposición representa una confesión de manipulación.

La Justicia deberá ahora determinar si el accionar de Caputo constituye una intromisión ilegal en la autonomía del organismo estadístico nacional.

Compartir