El juez Ernesto Kreplak sostuvo que lo denunciado por Arrieta debe dirimirse en el ámbito de la política, no en los tribunales. La pesquisa continúa. Integrantes de H.I.J.O.S actuarán como querellantes.

La diputada Lourdes Arrieta no encontró eco en los tribunales. El juez federal Ernesto Kreplak desestimó la denuncia que había presentado la diputada libertaria después de que estalló el escándalo por la visita que ella y otros cinco legisladores de La Libertad Avanza (LLA) les hicieron a Alfredo Astiz y al resto de los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Para el magistrado, no es el sistema de justicia el que tiene que dirimir una discusión política.

La investigación, sin embargo, continuará. Seguirá centrada en las posibles irregularidades en las que podría haber incurrido el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la hora de habilitar el cónclave entre los diputados y los represores de la última dictadura. Las cárceles dependen de Patricia Bullrich, que aparece mencionada en los chats que aportó Arrieta en la justicia.

El 16 de julio pasado estalló un escándalo sin precedentes cuando se conoció, a partir de una publicación de La Política Online, que seis diputados oficialistas habían estado en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza –anteriormente conocido como Unidad 31. La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Arrieta y Rocío Bonacci. Todos estuvieron más de cuatro horas en el lugar y, antes de partir, se retrataron con los genocidas –con la excepción de Bonacci.

El tema escaló. El camarista Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Casación Federal, instó al juez Daniel Obligado a investigar el asunto. Obligado, que integra el TOF 5 y tiene a su cargo la ejecución de la pena de Alfredo Astiz y otros represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), le requirió informes al SPF. Lo mismo hizo el juez Adrián Grünberg, presidente del TOF 1 y a cargo de la ejecución de la pena de Raúl Guglielminetti, exintegrante del Batallón de Inteligencia 601.

Ante un planteo del abogado querellante Pablo Llonto y del fiscal Félix Crous, Obligado radicó una denuncia para que se investiguen las irregularidades del SPF en la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre la cárcel de Ezeiza.

El 7 de agosto pasado, Arrieta también se presentó en el juzgado de Kreplak. Denunció un cúmulo de delitos, que incluían el de haber sido manipulada para asistir, y dijo que temía por su seguridad por mensajes que había recibido y por su interacción con Astiz –quien le habría dicho que la conocía y que sabía que su padre había estado en la Guerra de Malvinas. En concreto, Arrieta pidió que se investigara a tres grupos de personas:

• SPF: a su titular, Fernando Martínez, y al responsable del complejo penitenciario de Ezeiza;
• Congreso: a sus colegas Benedit, Montenegro y Ferreyra, así como a Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados;
• Quienes participaban de chats o se reunían en Montevideo 871: este grupo giraba alrededor del cura Javier Olivera Ravasi pero también estaba integrado por los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean y el excamarista federal Eduardo Riggi.

El fiscal de la causa, Sergio Mola, solicitó la desestimación de la denuncia de Arrieta. Entendía que la diputada fue a los tribunales para despegarse de un hecho que la había tenido como protagonista. El fiscal Diego Iglesias, que actúa ante la Cámara Federal de La Plata, coincidió con su colega de la instancia anterior.

Kreplak respaldó la posición de los fiscales y rechazó la denuncia de Arrieta. “Cabe reponer, en línea con lo opinado por el fiscal, que la intervención del Poder Judicial en asuntos que resultan ajenos a su misión constitucional, no solo desnaturaliza su función sino que, además, perjudica el normal funcionamiento de los demás Poderes Constituidos de la República”, escribió el juez.

“Los entretelones de la gestión de una visita oficial de distintos legisladores que son representantes del pueblo, con medios públicos a un lugar público, deben ser dirimidos en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario y canalizados ante las autoridades pertinentes”, añadió el magistrado, que decidió quitarle la custodia que le había asignado a Arrieta.

En paralelo, Kreplak aceptó el pedido de Carlos Pisoni y de Virginia Franco –de H.I.J.O.S Capital– para actuar como querellantes en la causa. Lo harán con la representación de Llonto. Por el momento, Mola sigue recopilando información del SPF.

Arrieta fue la única diputada que participó de la comitiva oficial a Ezeiza del 11 de julio pasado que el martes se presentó ante el plenario de comisiones que evalúa qué hacer con los legisladores que empatizan con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la dictadura. En la audiencia, se comprometió a contestar preguntas la semana próxima.