En respuesta a la creciente morosidad y el peso de las deudas en los hogares argentinos, el diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, presentó un proyecto de ley para crear un programa de alivio financiero. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de legisladores de su bloque y de Encuentro Federal, propone otorgar créditos blandos de hasta $1,5 millones para saldar compromisos de corto y mediano plazo.

Según Michel, el desajuste entre unos ingresos que corren por detrás de los gastos fijos ha empujado a miles de familias hacia circuitos de financiamiento informales con costos desproporcionados, lo que hoy pone en riesgo incluso el consumo de alimentos.

Fundamentos: la brecha entre empresas y hogares

El exjefe de la Aduana fundamentó su propuesta en datos del Banco Central (BCRA) que revelan una realidad preocupante: mientras la morosidad en el financiamiento a empresas es de apenas el 1,9%, en los préstamos a hogares la cifra se dispara hasta el 7,8%.

El proyecto sostiene que los sectores más vulnerables se han visto obligados a financiar «consumos esenciales y gastos imprevistos» a través de proveedores no financieros de crédito, quedando atrapados en tasas de interés que asfixian su capacidad de compra.

Detalles del programa de desendeudamiento

La propuesta establece que la ANSeS actúe como autoridad de aplicación y define un universo específico de beneficiarios para garantizar que el alivio llegue a los sectores más presionados por la crisis:

• Jubilados y pensionados: Que perciban hasta seis haberes mínimos.
• Asignaciones: Beneficiarios de AUH y asignación por embarazo.
• Trabajadores registrados: Con ingresos de hasta seis salarios mínimos.
• Monotributistas: Categorías A, B, C y D.
• Servicio doméstico: Trabajadores de casas particulares.

Condiciones del préstamo y cuotas

Para evitar que el nuevo crédito se convierta en una carga adicional insostenible, el proyecto estipula que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario. Con este tope, se busca «preservar la capacidad de consumo mensual» mientras se regulariza la situación de deuda previa.

El monto máximo de $1.500.000 apunta a consolidar deudas acumuladas en tarjetas de crédito, servicios públicos o préstamos personales que hoy mantienen a millones de familias bajo un estrés financiero crítico.