El debate por la reforma laboral entra en una etapa de definiciones políticas de alto voltaje. Mientras el oficialismo se prepara para retomar las negociaciones en el Senado durante la segunda quincena de enero de 2026, bajo la conducción de la senadora Patricia Bullrich, en la Cámara de Diputados la oposición ya mueve sus piezas para frenar o modificar sustancialmente el texto original.
La estrategia de los bloques opositores consiste en establecer una mesa de trabajo directa con la CGT para introducir cambios de fondo, advirtiendo que la Cámara baja no será una «mera revisora» de lo que apruebe el Senado.
El eje opositor y el rol del socialismo
El diputado Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, confirmó que en las próximas semanas se concretará la reunión postergada con el triunvirato de la central sindical. Para este sector, es fundamental que el Gobierno haya aceptado posponer el debate, lo que abre una ventana de tiempo para escuchar a:
- Gobernadores: Quienes tienen reparos sobre el impacto de la reforma en sus economías regionales.
- Centrales Sindicales: Que buscan proteger derechos adquiridos frente a la flexibilización propuesta.
- Actores de la Sociedad Civil: Para analizar el impacto social de los cambios en las indemnizaciones.
Proyectos alternativos: vacaciones, plataformas y licencias
Desde Unión por la Patria (UxP), el bloque liderado por Germán Martínez y apuntalado por diputados de extracción sindical como Hugo Yasky y Sergio Palazzo, ya se han presentado iniciativas que contrastan con el plan oficialista:
- Receso Escolar: Un proyecto de Yasky propone que las vacaciones deban otorgarse obligatoriamente entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo para coincidir con el receso escolar en casos de trabajadores con hijos.
- Economía de Plataformas: Se busca crear un régimen específico para trabajadores de apps (repartidores y transporte), regulando el uso de algoritmos y garantizando remuneraciones mínimas.
- Violencia Laboral: Nuevos protocolos para la prevención del acoso y regímenes especiales de licencias.
La postura oficialista: bajar costos y combatir la informalidad
Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza, como Santiago Pauli y Lisandro Almirón, mantienen el optimismo. El Gobierno sostiene que el sistema actual «desalienta la contratación» y es el principal motor de la informalidad laboral en Argentina.
- La apuesta de Milei: Sumar el apoyo de legisladores de provincias opositoras cuyos gobernadores necesitan auxilio financiero o inversiones.
- El objetivo central: Reducir el costo laboral y generar condiciones de previsibilidad para las PyMEs.
El oficialismo confía en que la «necesidad de cambio de rumbo» votada en las urnas será suficiente para quebrar la resistencia sindical en el Congreso, mientras que la oposición apuesta a que la movilización de la CGT y los proyectos alternativos logren diluir los puntos más polémicos de la ley estructural de Javier Milei.