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Gerentes de la empresa habrían contactado a diputados para que no rechacen la desregulación impuesta por Sturzenegger, pero los legisladores se rebelaron. Ahora le toca al Senado.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales se manifestó contra el rechazo de los diputados al decreto 340/25, que desregula el tráfico de cabotaje y se conoce como «Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional». «La posición de los diputados implica un retroceso en el proceso de revitalizar el sistema de transporte por agua con una normativa que favorecía a las cargas, permitiéndole acceder a fletes más competitivos con gran impacto en la reducción de los costos logísticos», aseguró la gremial del sector en un comunicado. 

El titular de esa cámara es Luis Zubizarreta, que además se desempeña como gerente local del gigante Dreyfus (LDC). Fuentes de la firma francesa dijeron a LPO que el parte de prensa de Puertos Privados generó confusión y su pronunciamiento habría terminado arrastrando a la empresa.

Sin embargo, dos diputados y un gobernador de distinto signo político admitieron que hubo llamados de Dreyfus para que el Congreso no voltee el decreto de Javier Milei.

Pese a la intervención de la gerencia del gigante del comercio exterior argentino, los legisladores opositores y algunos aliados del gobierno rechazaron el miércoles pasado esa iniciativa presidencial, amparada en las facultades delegadas por la ley Bases. Además de la bancada peronista, votaron contra el decreto integrantes del bloque de Miguel Pichetto, el de Facundo Manes, la Coalición Cívica y la izquierda, sumando 118 voluntades en total.

Entre los diputados que se plegaron a la oposición se contaban los cordobeses Juan Brugge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, quienes responden a Martín Llaryora. En cambio, sus pares Alejandra Torres y Oscar Agost Carreño votaron a favor del decreto, tal como pedía Dreyfus, junto a los otros 75 diputados que resistieron la media sanción que impulsó el peronismo.

Los lilitos repartieron votos con la oposición y abstenciones por igual. Maximilliano Ferraro, Mónica Frade y Victoria Borrego aportaron al lote de los 118, mientras que Paula Oliveto Lago, Juan López y Marcela Campagnoli optaron por la supuesta neutralidad.

Dos diputados y un gobernador de distinto signo político admitieron que hubo llamados de Dreyfus para que el Congreso no voltee el decreto de Javier Milei

Entre los radicales que lidera Rodrigo De Loredo hubo casos curiosos, como la abstención de Jorge Rizzotti, hombre del gobernador Carlos Sadir, y el acompañamiento de Julio Cobos a la oposición.

Desde el entorno de un gobernador peronista dijeron a LPO que los mandatarios provinciales del Litoral «quieren que se mantengan las condiciones previas al decreto». «Con mayor control de las provincias pero que vuelva a lo que era antes», plantearon.

Esa postura coincide con la de uno de los que integra el grupo de los cinco que articulan con Juan Schiaretti. «Ya hubo llamados pero los gobernadores van a tratar de que vuelva a la situación anterior», contestaron.

Como sea, Dreyfus no pudo evitar el rechazo de los diputados al decreto de Milei, publicado el 20 de mayo pasado en Boletín Oficial.

Los gobernadores quieren que se mantengan las condiciones previas al decreto (de Marina Mercante). Con mayor control de las provincias pero que vuelva a lo que era antes.

El interés de la empresa se debe a que la firma consiguió un certificado de excepción a la ley de Cabotaje por parte del gobierno de Milei. Fuentes gremiales reconocieron ante LPO que Dreyfus «tenía la idea de contar con los barcos bajo el convenio de bandera extranjera, con el mínimo de tributación». 

De hecho, los artículos 2° y 3° del decreto flexibilizan las condiciones de contratación de los trabajadores y fueron judicializados por el sindicato del sector. La firma, por su parte, tiene un pie puesto en el país vecino.

En efecto, Dreyfus está instalada en Paraguay desde 2004 y, apenas tres años después, inauguró su propia empresa de transporte fluvial, Lógico Paraguay, que le permite controlar buena parte de la cadena de valor: la firma tiene plantas de acopio y su propia molienda para procesar oleaginosas (sobre todo maíz y soja), que luego son comercializadas a través de su flota de barcazas, una de las más grandes que navegan por la Hidrovía.

Hace un año, LDC adquirió 12 barcazas tipo jumbo de gran porte, fabricadas por astilleros paraguayos, que circulan con bandera de ese país. «Ellos aplican ese sistema de comprar embarcaciones en cantidad y le ponen bandera paraguaya. Pero es algo legal. Los uruguayos y los bolivianos hacen los mismo porque acá los impuestos son más bajos y las medidas menos restrictivas», dijo a LPO un referente del sector de los armadores de Paraguay.

La estrategia de usar la bandera paraguaya no es nueva. Lo ha hecho consecuentemente la naviera Hidrovías do Brasil y la razón es sencilla: un régimen tributario más laxo, controles menos estrictos en los montos de dinero que se mueven y la ubicación de Paraguay, un paso obligado para las barcazas que bajan desde Brasil y Bolivia. 

«Dreyfus opera en el país hace muchos años. Maneja su propia logística a través de Lógico, una subsidiaria de la compañía. Ellos operan con bandera paraguaya hace años», dijo una fuente del sector.

Por su parte, un funcionario de la Marina Mercante de Paraguay explicó a LPO: «La normativa paraguaya exige que las embarcaciones con bandera paraguaya deban ser tripuladas por tres cuartas partes de tripulantes paraguayos. El capitán también debe ser paraguayo. Y la mano de obra paraguaya es más barata que la mano de obra argentina». 

Además, agregó que «al tener bandera paraguaya, también puede tomar carga en Alto Paraná, donde hay 12 puertos de graneleros (soja, maíz, arroz)». «Ahí se aplica reserva de carga y las embarcaciones con otras banderas no entran y a eso se suman las leyes impositivas del país, más favorables hasta en el tema de combustibles: es 80 por ciento más ventajoso estar en Paraguay que en Argentina», abundó. 

Un ex funcionario paraguayo consideró que «Dreyfus va a seguir trayendo embarcaciones» porque «Hidrovías do Brasil, con sede en Paraguay, fue contratada por LHG Mining, ex J&F, para transportar sus minerales, que son 60 millones de toneladas del Corumbá, y por la cantidad de embarcaciones que tienen no van a poder cumplir sus contratos». «Entonces quieren traer sus remolcadores de Uruguay y de Brasil para abanderar en Paraguay. Pueden usar bandera uruguaya o brasileña, pero Paraguay y Argentina tienen un acuerdo para no pagar prácticos, por el tema del practicaje», aclaró.

Ahora, el peronismo planea trasladar el rechazo a los decretos delegados de Milei al recinto del Senado. Si junta 37 votos en contra, el interbloque de José Mayans y Juliana di Tullio podría voltear la desregulación libertaria en el sector.

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