Eduardo Rodríguez Chirillo abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una «nueva conceptualización» para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

Las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) solicitaron incrementos que implican aumentos promedio en la tarifa final de hasta el 89%, sobre el que reclaman que se realicen actualizaciones «mensualmente y de forma automática».

Los pedidos fueron formulados en el marco de la audiencia pública virtual convocada para este viernes por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que realizará otra consulta el lunes 29 de enero para analizar las solicitudes de las empresas transportadoras de todo el país.

La audiencia pública comenzó con 1 hora y 45 minutos de retraso respecto del horario de la convocatoria (8:30), y tuvo un desarrollo accidentado «por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad», dijo el interventor del ENRE, Darío Arrué.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y remarcó la necesidad de aplicar una «readecuación de la estructura tarifaria de forma transitoria», en un plazo que no puede exceder el año en curso o la convocatoria a una revisión tarifaria quinquenal integral.

En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una «nueva conceptualización» para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

«Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real», manifestó, al tiempo que criticó que luego de «dos décadas de disfuncionamiento energético» se haya generado una tarifa «carente de toda razonabilidad», con «un fomento del consumo sin control» que dejó al sistema «al borde del colapso».

Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como «propuesta de cambio» la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.

Para eso, remarcó la importancia de establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que establezca los distintos tipos de requerimientos de consumo en las distintas zonas del país, «subsidiando situaciones de vulnerabilidad» en base a un diferencial entre el valor de la canasta y los ingresos familiares.

«Veo que la discusión se focaliza en los porcentajes de aumentos y se pierde de vista que el aumento de tarifas es una corrección de precios relativos», señaló, para agregar que «hay costos que deben ser pagados, el gobierno anterior decidió hacerlo con impuestos e inflación y este gobierno con tarifas que cubran los costos, para reducir el déficit fiscal».

Con ese criterio, Beljansky sostuvo que «los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán».

Por su parte, el representante de Edenor, Guido Hernández, solicitó un requerimiento anual de ingresos de $521.303 millones, lo que implica un incremento promedio del 89% en la factura para el 80% de los clientes de la compañía.

De esa forma, explicó, la factura promedio pasará a ser de $7.619, que representa un incremento diario de $246, que comparó con el precio de «medio alfajor».

Asimismo, para un 10% de consumos altos el promedio será de $33.771 y para el 10% restante, de mayores consumos, será de $68.425 en promedio, siempre respetando consumos similares a los que se venían registrando.

Como la participación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es del 29% del total de la tarifa, «Edenor recibirá sólo $2.209 por factura promedio, el equivalente al costo de una botella de gaseosa», comparó Hernández.

Por su parte, Jorge Lemos, de Edesur, advirtió que la audiencia se convocó «sólo para analizar el impacto de la inflación en la remuneración» de la empresa «y no la conclusión de una revisión tarifaria», por lo que no dio precisiones sobre incrementos solicitados, pero remarcó que «es necesario contar con una adecuación sistemática y efectiva».

Al respecto, cuestionó que la región de AMBA tiene «una de las tarifas más bajas del país y no existe justificación técnica para este desbalance», además de recordar que «Edesur no recibe ningún tipo de subsidios (se concentran exclusivamente en la generación) y es correcto que así sea».

La audiencia pública virtual

La audiencia pública virtual para considerar los ajustes tarifarios de los servicios de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur se realizará durante la jornada, con la participación de 63 expositores.

La convocatoria del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se completará el lunes 29 de enero con una segunda audiencia en la que se analizarán los pedidos de las transportadoras de todo el país, ya que fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los servicios de distribución son de jurisdicción provincial.

Si se cumpliesen los plazos establecidos y no hubiera ausencias, la audiencia tendrá una duración de más de seis horas.

Del resto de los expositores se destaca la presencia de cuatro intendentes, todos enrolados en Unión por la Patria: dos del área de concesión de Edesur (Fernando Gray de Esteban Echeverría y Mayra Mendoza de Quilmes) y dos de la de Edenor (Fernando Moreira de San Martín y Julio Zamora de Tigre).

También está inscripto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y sólo un diputado nacional, Gabriel Solano (FIT-U).

Entre las entidades empresarias vinculadas con el sector energético figuran representantes de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), Transportistas (Ateera), Grandes Usuarios (Agueera), Distribuidores (Adeera) y la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), además del especialista en energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano.