La discusión sobre el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil ha desencadenado un duro enfrentamiento dialéctico entre la administración de Axel Kicillof y el bloque oficialista de La Libertad Avanza, liderado en el Senado por Patricia Bullrich. El cruce de declaraciones refleja dos visiones antagónicas sobre cómo abordar el delito cometido por menores de edad.
El conflicto escaló luego de que el gobernador bonaerense cuestionara la efectividad de bajar la edad de imputabilidad como medida única, lo que provocó una reacción inmediata de la exministra de Seguridad.
Los argumentos en disputa
El núcleo del enfrentamiento se divide en la visión «integral» de la provincia frente a la postura «punitivista» de la nación:
- Postura de PBA (Kicillof – Alonso): Sostienen que bajar la edad es una «solución mágica» que no resuelve los problemas de fondo. El ministro Javier Alonso enfatizó que la problemática requiere prevención, inversión y políticas de integración, alineándose con la reciente postura de la Conferencia Episcopal Argentina.
- Postura de Nación (Bullrich): La senadora acusa al gobierno provincial de «garantismo» y de estar «siempre del lado de los delincuentes». Su argumento se centra en la deuda con las víctimas y la necesidad de que los delitos tengan consecuencias penales inmediatas, independientemente de la edad del autor.
Cruce de acusaciones: de «oportunista» a «cómplice»
La intensidad del debate se manifestó en las fuertes descalificaciones personales entre los funcionarios:
- Bullrich a Kicillof: Lo desafió a decirles a las víctimas «en la cara» que no hay que cambiar la ley y le recriminó haber bloqueado los comentarios en sus redes sociales, sugiriendo que el gobernador teme la opinión de los ciudadanos.
- Alonso a Bullrich: Tildó la postura de la senadora como «campaña política barata y oportunista». Le pidió que abandone el «circo y las chicanas» y criticó su «zigzagueante recorrido político», instándola a realizar un aporte sustancial basado en el trabajo serio y no en slogans de redes sociales.
El contexto de la reforma
El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional busca reducir la edad de imputabilidad (actualmente en 16 años) a 13 o 14 años, dependiendo del dictamen final. Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires se insiste en que el sistema carcelario actual no está preparado para la reinserción y que la baja de edad solo saturaría un sistema ya colapsado sin bajar los índices de criminalidad a largo plazo.