El Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso el DNU 941/2025, el cual otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y redefine tareas de contrainteligencia. El envío se produjo justo antes del vencimiento del plazo legal, activando el reloj de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ahora tiene diez días hábiles para emitir un dictamen.

La medida ha generado una reacción inmediata en el arco opositor, donde distintos bloques buscan coordinar fuerzas para invalidar el decreto. Cabe destacar que, para que un DNU pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

La estrategia parlamentaria y los números en juego

La oposición busca alcanzar el quórum y las mayorías necesarias en un escenario de extrema paridad:

• En Diputados: El bloque de Unión por la Patria cuenta con 93 legisladores. Para alcanzar los 129 votos necesarios del rechazo, negocian con el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de bloques provinciales.
• En el Senado: Con una base de 28 bancas, el peronismo necesita sumar 9 votos más (de la UCR o bloques federales) para llegar a los 37 necesarios para bloquear la norma. Las miradas están puestas en los senadores de Córdoba, Corrientes y Santa Cruz.
• Comisión Bicameral: El cuerpo de 16 legisladores aún debe formalizar su conformación para este año, proceso que se espera concretar la próxima semana.

Qué establece el decreto y los argumentos enfrentados

El DNU 941/2025 introduce cambios profundos en el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional:

• Carácter de las actividades: Todas las tareas vinculadas a la inteligencia nacional pasan a tener carácter encubierto.
• Nuevas facultades: Se amplían las definiciones de inteligencia y contrainteligencia para prevenir sabotajes, espionaje e «injerencias externas» que puedan afectar el sistema republicano.
• Postura oficial: Desde la SIDE sostienen que el decreto refuerza la protección del Estado, optimiza la estructura del organismo y fortalece los controles bajo estándares democráticos.
• Crítica opositora: Los sectores que buscan rechazarlo advierten sobre el riesgo de una «vigilancia sin control judicial» y la falta de transparencia en el uso de fondos reservados.

El futuro de la SIDE y el alcance de sus operaciones encubiertas dependerá ahora de la velocidad del tratamiento legislativo y de la capacidad de la oposición para sostener una postura unificada en ambas cámaras.