La reciente entrevista a María no es solo el testimonio de una madre que sobrevivió a la clandestinidad; es la prueba viviente del colapso de las instituciones que, en teoría, deben velar por el interés superior del niño. El caso de esta madre argentina, que prefirió «desaparecer del mundo» antes que entregar a su hijo de tres años a un abusador, deja al desnudo una realidad que la justicia española y argentina ya no pueden ignorar: el sistema falló en cada una de sus instancias.

María no escapó por capricho. Escapó después de haber hecho «todo lo que se suponía que una madre debía hacer». Denunció, presentó pruebas de antecedentes penales del progenitor en el extranjero y recurrió a psicólogos y pediatras. Sin embargo, la respuesta del Estado fue el archivo de las causas y una orden de custodia compartida que ponía a la víctima en manos de su victimario.

La falacia de la «madre secuestradora»

Durante una década, el relato oficial trató a María como una delincuente y a Edgardo Milessi como un padre privado de su derecho. Hoy, con Milessi condenado por abusos sexuales cometidos en 2024 y 2025 bajo un «modus operandi» idéntico al denunciado por María hace diez años, la etiqueta de «secuestro parental» se desmorona por su propio peso.

No fue un secuestro; fue un acto de legítima defensa. Mientras la justicia dormía en la burocracia de los expedientes archivados, María ejercía el único sistema de protección que le quedaba a Bruno: el exilio y el silencio. El hecho de que Bruno, hoy un adolescente de 14 años, creciera preguntándose cada noche si era feliz y respondiendo que sí, es el mayor triunfo de una madre contra un sistema que lo quería entregar al lobo.

Un precedente necesario para el futuro

La justicia española tiene ahora una oportunidad histórica para resarcir el daño. Mantener los cargos contra María por haber protegido a su hijo —cuando hoy la peligrosidad del progenitor es una verdad jurídica indiscutible— sería una aberración ética.

Este caso debe servir para que el «protocolo de investigación» que reclama María sea una realidad. La incredulidad de los jueces ante el abuso sexual intrafamiliar no puede seguir siendo el escudo de los abusadores. Es hora de que el Estado entienda que, a veces, la ley se aleja tanto de la justicia que la única forma de ser justo es, precisamente, desobedecer la ley.

Liberar a María de todas sus cargas no es un acto de piedad, es un acto de estricta justicia para una mujer que le devolvió a su hijo el derecho a una vida libre de abusos.