Australia se ha consolidado como el laboratorio global de la regulación digital tras la implementación de la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. A solo dos meses de su entrada en vigencia, las plataformas —obligadas por el marco legal— han dado de baja cerca de cinco millones de perfiles de jóvenes en aplicaciones como TikTok, Instagram y Snapchat.
El primer ministro, Anthony Albanese, calificó la medida como un «avance contundente» para la salud pública, señalando que las familias australianas han comenzado a notar una mejora en la convivencia y una reducción en la presión social que imponen estos entornos virtuales.
El desafío de la «ciberresistencia» adolescente
A pesar de la masividad de las bajas, la efectividad de la medida enfrenta obstáculos tecnológicos. Expertos en ciberseguridad han detectado que una parte de la población juvenil está utilizando diversas tácticas para burlar los controles:
- Uso de VPN: Conexiones a través de servidores extranjeros para simular que el usuario no se encuentra en territorio australiano.
- Identidades falsas: Alteración de fechas de nacimiento y uso de datos de adultos.
- Burlar la biometría: Técnicas para engañar a los sistemas de escaneo facial que las empresas utilizan para estimar la edad mediante inteligencia artificial.
Inversión en salud mental y seguimiento académico
Para amortiguar el impacto del «apagón digital», el gobierno destinó fondos millonarios a programas de salud mental y acompañamiento psicológico. La comisionada de seguridad electrónica, Julie Inman Grant, advirtió que el éxito no se mide solo en perfiles borrados, sino en la mejora de indicadores de bienestar a largo plazo.
En las próximas semanas se publicará un estudio independiente que buscará determinar si la desconexión obligatoria ha tenido un impacto positivo en:
- Rendimiento escolar: Calificaciones y niveles de concentración en el aula.
- Ansiedad juvenil: Reducción de trastornos vinculados a la comparación social y el ciberacoso.
- Habilidades sociales: Retorno a interacciones presenciales y actividades recreativas fuera de línea.
La iniciativa ya ha captado la atención de la Unión Europea, con España y Francia evaluando seriamente replicar el modelo australiano, lo que podría marcar el inicio de una tendencia global hacia la regulación estricta de la madurez digital.