El conflicto entre las organizaciones de discapacidad y la administración nacional ha escalado a un nuevo nivel de tensión. Este sábado 10 de enero de 2026, el Foro Permanente de Discapacidad emitió un duro comunicado en el que acusa al Gobierno de Javier Milei de simular el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), sancionada a finales de 2025, sin ejecutar las partidas presupuestarias necesarias para sostener el sistema.
Según las organizaciones, la presentación realizada por la Procuración del Tesoro ante la justicia el pasado 3 de enero es una maniobra para evadir las intimaciones judiciales y constituye un «engaño a la población».
Los puntos críticos del reclamo
El colectivo denuncia que el ajuste se disfraza de «ordenamiento fiscal», pero en la práctica genera una vulneración sistemática de derechos fundamentales:
- Aranceles desfasados: Aunque el Gobierno anunció aumentos (entre el 29% y el 35% a fines de 2025), el Foro afirma que son «engañosos» y no cubren la brecha inflacionaria acumulada. Además, denuncian que aún no se han fijado los valores para enero de 2026.
- Talleres Protegidos en crisis: Existe un silencio total sobre la actualización del apoyo económico que perciben los trabajadores con discapacidad en estos espacios. Sin aumentos, la continuidad de los talleres está en riesgo.
- Deudas con ARCA: La ley de emergencia preveía una refinanciación de las deudas impositivas y previsionales de los prestadores, generadas por el congelamiento de aranceles, pero denuncian que no se ha emitido la normativa para aplicarla.
- Programa Incluir Salud: Las organizaciones advierten que, si bien el presupuesto 2026 menciona el impacto del programa, no detalla cómo se garantizará la atención médica y los medicamentos para los beneficiarios que no tienen obra social.
Cifras «sobredimensionadas» y estigmatización
Uno de los puntos que más indignación causó en el sector es la utilización de auditorías para justificar recortes. El Foro sostiene que el Gobierno difunde datos sobre irregularidades (como certificados de personas fallecidas) de manera malintencionada para instalar un discurso de déficit y estigmatizar a los beneficiarios.
«El Gobierno manifiesta cumplir sin cumplir», sentencia el comunicado. Para el Foro, la falta de reglamentación efectiva de la Ley 27.793, a pesar de haber sido promulgada, deja a los prestadores de servicios de rehabilitación, transporte y centros de día en una situación límite.
Contexto legislativo y judicial
Cabe recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue una victoria del colectivo tras meses de movilizaciones en 2025. Aunque el oficialismo intentó derogar puntos clave durante el debate del Presupuesto 2026 en diciembre pasado, el Congreso mantuvo la vigencia de la norma. Sin embargo, el Foro remarca que de nada sirve la ley si el Ejecutivo bloquea las partidas de dinero ya asignadas.