El Frente Cívico por Santiago expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares aprobada recientemente por la Cámara de Diputados de la Nación, al considerar que la iniciativa pone en riesgo la protección ambiental y los recursos hídricos del país.

La postura fue ratificada por el diputado nacional Jorge Mukdise, quien explicó los fundamentos del voto negativo a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. En su publicación, el legislador sostuvo que la reforma debilita el resguardo de ecosistemas estratégicos y compromete la seguridad hídrica.

“No podemos acompañar una reforma que pone en riesgo la protección de nuestros glaciares y, con ellos, el equilibrio ambiental e hídrico del país”, afirmó.

El impacto en Santiago del Estero

Mukdise subrayó que la discusión no resulta ajena a Santiago del Estero, ya que los glaciares desempeñan un rol clave en la regulación del agua que abastece a diversas regiones. En ese sentido, destacó la importancia del Río Dulce, cuya cuenca atraviesa varias provincias y resulta vital para la producción y el abastecimiento de miles de familias.

“El río Dulce, con sus más de 450 kilómetros de extensión, recorre cinco provincias y depende del funcionamiento de las cuencas y de la regulación natural que generan los glaciares en la cordillera”, señaló.

Asimismo, advirtió que debilitar estos sistemas naturales podría afectar la previsibilidad del agua y el desarrollo productivo. “Debilitar esa protección es poner en riesgo la producción y la vida de nuestra gente”, remarcó.

Defensa del federalismo ambiental

El legislador insistió en que la política ambiental debe sostenerse sobre bases científicas y con una mirada federal, evitando la fragmentación normativa en torno a recursos estratégicos.

“No se puede fragmentar una política ambiental que debe ser federal, basada en la ciencia y en el cuidado de un recurso estratégico. Defender los glaciares es defender el futuro de nuestras provincias”, concluyó.

De esta manera, el Frente Cívico dejó sentada su posición frente a la reforma aprobada en el Congreso, en un debate que continúa generando repercusiones políticas y ambientales en todo el país.