El gobierno de Javier Milei acelera su agenda legislativa en el Congreso con el objetivo de avanzar en la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que genera fuerte debate político y ambiental.

La estrategia del oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, apunta a conseguir un dictamen de mayoría de manera exprés en el plenario de comisiones para tratar el proyecto en una sesión especial prevista para esta semana.

Claves del avance legislativo

Para llevar la iniciativa al recinto, el oficialismo necesita reunir las firmas en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. En ese camino, confía en el respaldo de aliados como el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Según estimaciones oficiales, contarían con el quórum necesario de 129 diputados y proyectan superar los 130 votos para aprobar la reforma.

Cuestionamientos y críticas

El tratamiento acelerado del proyecto generó rechazo en sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la limitación en las audiencias públicas, donde solo una parte de los inscriptos pudo exponer.

Desde estos espacios advierten que la reforma podría flexibilizar la protección de reservas estratégicas de agua dulce, en favor del desarrollo de actividades mineras.

Intereses en juego

La iniciativa también cuenta con el impulso de gobernadores de provincias con fuerte presencia minera, como Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, interesados en atraer inversiones mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El debate se da en un contexto de tensión entre desarrollo económico y cuidado ambiental, y su definición en el Congreso podría marcar un punto de inflexión en la política de recursos naturales del país.