En un giro significativo para el litigio que se desarrolla en Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un documento ante el tribunal de la jueza Loretta Preska en apoyo a la postura de la República Argentina. La administración estadounidense solicitó formalmente el rechazo de las sanciones que el fondo Burford Capital pretende imponer contra nuestro país en el marco de la causa por la expropiación de la petrolera.
El respaldo de la gestión de Donald Trump llega en un momento crítico del proceso, mientras la Argentina apela la decisión de continuar con el discovery (etapa de producción de prueba) y se resiste a la entrega de las acciones de YPF como garantía.
Los argumentos de la «Cortesía Internacional»
A través de un escrito de 29 páginas, el gobierno norteamericano advirtió que sancionar a un Estado soberano por desacato podría generar conflictos diplomáticos y afectar la reciprocidad jurídica entre naciones. Los puntos centrales del apoyo estadounidense son:
- Inmunidad Soberana: El documento afirma que las sanciones solicitadas por los demandantes no se ajustan a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
- Política Exterior: Se destaca que el litigio contra Estados extranjeros en cortes de EE. UU. tiene implicancias directas en el trato que el propio gobierno estadounidense recibe en tribunales internacionales.
- Exigencias desmedidas: El Departamento de Justicia consideró que los pedidos de Burford para obtener comunicaciones privadas de altos funcionarios argentinos son incompatibles con los principios de cortesía y reciprocidad.
La postura de la Procuración del Tesoro
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación celebraron la intervención estadounidense, calificándola como un reconocimiento a la «solidez técnica y jurídica» de la defensa argentina.
«Durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, entregando más de 115.000 páginas de información sin que los demandantes lograran hallar evidencia que respalde sus acusaciones», señalaron fuentes oficiales.
Este respaldo fortalece la posición del Estado argentino ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde se busca frenar las medidas de ejecución que amenazan los activos soberanos mientras se dirime la cuestión de fondo del juicio.