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(Enviados especiales desde Ginebra) El relevamiento internacional de la Confederación Sindical Internacional (CSI) revela un deterioro alarmante en las libertades sindicales y civiles en Argentina, con un aumento en la represión y la criminalización de la protesta desde la asunción de Javier Milei.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó este martes la 12ª edición de su Índice Global de los Derechos 2025, un estudio anual exhaustivo que analiza las violaciones de los derechos de los trabajadores a escala mundial.
El informe, presentado por el Secretario General Internacional de la CSI, Luc Triangle, en el marco de la 113 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pone de manifiesto una grave crisis global en materia de derechos laborales, con un deterioro notable en tres de las cinco regiones del mundo. Europa y las Américas han registrado sus peores puntuaciones desde la creación del Índice en 2014, y solo 7 de los 151 países encuestados obtuvieron la calificación más alta.

En este contexto, Argentina se destaca como uno de los ejemplos más alarmantes del retroceso en las libertades civiles y los derechos sindicales bajo el gobierno de Javier Milei.
Argentina: un caso paradigmático
El informe destaca que desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas que han socavado gravemente los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales. El Índice Global de los Derechos 2025 de la CSI refleja este deterioro, asignando a Argentina una calificación de 4 (violaciones sistemáticas de los derechos) en 2025, un retroceso significativo respecto a la calificación de 3 (violaciones regulares de los derechos) obtenida en 2024.

El informe señala que el gobierno de Milei intentó modificar 366 leyes para desregular las condiciones de trabajo y los salarios, eliminar protecciones sindicales y privatizar empresas públicas. A lo largo de 2024, se promulgaron varias leyes laborales sin consultar previamente a los sindicatos y desoyendo la amplia movilización pública en contra de estas reformas. Entre estas medidas destacó la Ley Ómnibus, que declaró el estado de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, otorgando al presidente poderes extraordinarios durante un año para reformar o introducir leyes sin la aprobación del Congreso.
Las reformas antisindicales de Milei han debilitado aún más los derechos e intereses de los trabajadores. Entre los cambios más graves -señalan- se encuentran:
- La ampliación del período de prueba laboral de tres a seis meses, e incluso hasta un año para las empresas más pequeñas.
- La eliminación de sanciones contra empleadores que no registran debidamente a los trabajadores.
- La sustitución del sistema de indemnización por antigüedad por un nuevo fondo de indemnización por despido, lo que reduce significativamente el costo de los despidos para los empleadores.
Estas medidas han revertido protecciones laborales fundamentales, destruido elementos del sistema de seguridad social y otorgado mayor flexibilidad a los empleadores, permitiéndoles despedir trabajadores con un costo mínimo o nulo, señaló el informe.
Represión de las libertades civiles y criminalización de la protesta
Según el Índice de CSI, el deterioro de los derechos laborales en Argentina bajo la administración de Milei va acompañado de una amenaza significativa a las libertades civiles. Se hizo hincapié en el Protocolo Antipiquete implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de 2023, y en la nueva ley de “servicios esenciales” que impone restricciones draconianas a las acciones de huelga en una amplia gama de sectores, incluyendo la aviación.

El relevamiento hizo mención también a las denuncias realizadas por la CGT y las CTA sobre «una brutalidad policial generalizada y detenciones masivas durante las manifestaciones públicas de 2024». Según el informe de la CSI, al menos 1.155 manifestantes resultaron heridos debido al uso desproporcionado de la fuerza, y más de 33 sufrieron heridas de bala de goma en la cabeza y la cara. Además, al menos 73 manifestantes han sido procesados.
«El derecho de huelga y de reunión pacífica fue criminalizado, y los organizadores enfrentan penas de hasta seis años de cárcel», subrayó el informe presentado en OIT.
Un contexto global de retroceso laboral
El caso de Argentina no es aislado. El Índice Global de los Derechos 2025 señala una escalada global de violaciones de derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la libertad de expresión y reunión, y el derecho a la negociación colectiva. La represión estatal del derecho de huelga y el empeño sistemático por socavar las actividades sindicales, a menudo mediante legislación regresiva, han sido una constante en países cuya calificación se deterioró en 2024.
CIT 2025: la CSI presentó el Índice Global de los Derechos 2025
En las Américas, Argentina, Costa Rica y Panamá han visto empeorar sus calificaciones de 3 a 4 debido a la intensificación de la represión contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos. A nivel global, países como Argelia, Angola, Burundi, Egipto, Finlandia, Nepal, Rwanda, Senegal, Túnez y Zimbabwe han impuesto restricciones draconianas a las acciones de huelga.
El promedio de las calificaciones de los países se ha deteriorado en tres de las cinco regiones del mundo, y las Américas han registrado su peor calificación regional jamás registrada. Este panorama refleja lo que la CSI describe como una “guerra mundial contra los derechos laborales”, impulsada por gobiernos autoritarios y políticas regresivas.
Llamado a la acción
El Índice Global de los Derechos 2025 de la CSI subraya la urgencia de proteger los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales en un contexto de creciente autoritarismo. En Argentina, las políticas del gobierno de Milei han exacerbado la crisis social y económica, atacando directamente las bases de un Estado de derecho democrático y de condiciones de trabajo justas.
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Fuente: mundogremial.com