La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) activó una medida de fuerza por 24 horas en protesta por la inminente reforma laboral y el temor a un masivo recorte de personal en organismos descentralizados. El Ejecutivo advirtió que aplicará descuentos salariales a los estatales que se ausenten de sus puestos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional en respuesta a un escenario de alta tensión para el empleo público. La medida de fuerza se fundamenta en tres ejes centrales: el rechazo a la reforma laboral que el Gobierno presentará en las próximas horas, la exigencia de reapertura de paritarias con recomposición salarial y la preocupación por posibles ajustes en organismos descentralizados.
El sindicato estatal estima que el riesgo de recortes podría afectar aproximadamente al 10% de los trabajadores, encendiendo las alarmas en dependencias clave como el Indec, el Conicet, Anses, la Oficina Anticorrupción, el INTA, el INTI y varios entes reguladores (Enargas, Enre, Enacom), entre otros.
El Descuento Salarial como Respuesta del Gobierno
En un claro mensaje de firmeza, el Gobierno nacional confirmó que procederá al descuento del día a aquellos empleados que se adhieran a la huelga. Esta postura busca desalentar la participación en la medida de fuerza, que implica retiros de los lugares de trabajo y movilizaciones, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde los estatales se concentrarán en el centro porteño a partir de las 10:30.
La Reforma Laboral, Motor de la Tensión
El conflicto se aceleró ante la confirmación de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará oficialmente el paquete de cambios de la Reforma Laboral trabajado en el ámbito del Consejo de Mayo. La presentación está prevista para el 9 de diciembre, luego de la reunión en Casa Rosada.
Si bien el texto completo aún no se difundió, trascendió que la propuesta incluirá modificaciones sensibles en temas como vacaciones, indemnizaciones y despidos. Desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa buscará una línea «moderada» con el objetivo de sumar los apoyos necesarios en el Congreso, aspirando a que sea uno de los proyectos centrales a tratar en sesiones extraordinarias y lograr una aprobación clave en el Senado.
La modernización laboral, vista por el Gobierno como crucial para la economía, es considerada por los sindicatos como un retroceso en los derechos de los trabajadores, lo que augura un escenario de profunda confrontación en las próximas semanas.
