En una nueva escalada de tensión entre el Ejecutivo y los gremios, el Gobierno Nacional ratificó que aplicará descuentos salariales a todos los empleados públicos que se sumen al paro general de 24 horas convocado por la CGT. La advertencia llega en vísperas de lo que se espera sea una jornada de parálisis total el próximo jueves 19 de febrero, coincidiendo con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada fueron tajantes al respecto: «Quien no trabaje, no cobra», aseguraron fuentes oficiales, remarcando que la medida busca desalentar el ausentismo en un día donde el transporte también estará interrumpido.

Escenario de parálisis por el transporte

A diferencia de medidas de fuerza anteriores, este paro contará con un componente crítico que dificultará el presentismo incluso de quienes no deseen adherir:

• Paro total de transporte: La UTA (colectivos), La Fraternidad (trenes) y los gremios aeronáuticos confirmaron su adhesión. No habrá servicio de trenes, colectivos, subtes, taxis ni vuelos.
• Exigencia de asistencia: A pesar de la falta de transporte, el Gobierno instruyó a los directores de cada área a organizar la logística necesaria. «Tienen que venir a trabajar como sea», expresaron funcionarios libertarios, anticipando que no se justificarán las ausencias por falta de medios de movilidad.

Gremios divididos entre la huelga y la marcha

La respuesta de los estatales muestra matices en la estrategia de protesta:

• UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación): Bajo el mando de Andrés Rodríguez, el gremio adhiere formalmente al cese de actividades pero no movilizará a sus bases, siguiendo la línea «dominguera» que se le critica a la cúpula de la CGT.
• ATE (Asociación Trabajadores del Estado): Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, confirmó que además del paro, el gremio marchará al Congreso. Su objetivo es presionar a los legisladores durante el tratamiento del proyecto, bajo la premisa de que «no hay que dejarle la calle vacía al oficialismo».

El conflicto de fondo: la Reforma Laboral

El dictamen que se busca aprobar este miércoles ha sufrido modificaciones de último momento para intentar reducir el nivel de conflictividad. El oficialismo aceptó corregir el polémico artículo que recortaba las licencias por enfermedad, asegurando ahora el pago del 100% para casos graves.

Sin embargo, el sindicalismo mantiene el rechazo debido a otros puntos que consideran innegociables, como las nuevas exigencias de autorización para realizar asambleas en horario laboral y la prevalencia de los convenios por empresa sobre los de actividad, lo que consideran un ataque directo a la estructura de los grandes gremios.