A través de la resolución 12/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte oficializó la prórroga de la emergencia pública en materia ferroviaria hasta junio de 2028. Esta medida busca acelerar las tareas de mantenimiento y recuperación de la red nacional, tanto de pasajeros como de cargas, bajo una premisa clara: mejorar el estado del sistema para facilitar su posterior privatización.

La prórroga, que hace uso de la opción de extensión por única vez contemplada en la normativa de 2024, permitirá dar continuidad al plan de acción orientado a revertir la situación crítica de la infraestructura y el material rodante.

Detalles de la inversión y el plan de recuperación

Desde el inicio de la emergencia en agosto de 2024, el Gobierno ha priorizado intervenciones urgentes para mitigar riesgos operativos. El esquema de distribución de recursos económicos se divide de la siguiente manera:

• Vías y puentes (31%): Es la mayor partida, destinada a la recuperación estructural de la red.
• Material rodante (27%): Compra de repuestos, reparaciones pesadas y modernización de talleres.
• Señalamiento (26%): Inversión clave para garantizar la seguridad en la circulación.
• Infraestructura estratégica (7%): Obras de gran escala y ampliaciones.
• Sistema eléctrico (5%): Mantenimiento y mejoras en líneas electrificadas.

El camino hacia la privatización

El documento oficial explicita que el objetivo de estas obras es lograr la «eficientización» del sistema. Con 226 obras en marcha y 60 acciones estratégicas diseñadas, el Ejecutivo nacional busca que la red ferroviaria recupere estándares de operatividad que la vuelvan atractiva para la inversión privada.

La emergencia otorga facultades especiales para agilizar contrataciones y compras de suministros indispensables, evitando los tiempos burocráticos ordinarios, con el fin de resolver falencias en el señalamiento y el estado general de las formaciones que afectan diariamente la seguridad operativa.