El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas para reducir el tamaño del Estado y oficializó un esquema de desvinculación de trabajadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la política de ajuste impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.
Un plan de salida por acuerdo mutuo
El programa, denominado “Retiros de Voluntad Recíproca”, se basa en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina y propone la desvinculación de empleados mediante un acuerdo entre el organismo y el trabajador.
Sin embargo, la normativa establece requisitos específicos para poder adherirse, entre ellos contar con una antigüedad mínima en el puesto. Además, quedan excluidos del programa:
- Trabajadores procesados por delitos contra la administración pública.
- Empleados con sumarios disciplinarios en curso.
- Personas que superen la edad límite establecida.
- Quienes ya iniciaron su trámite jubilatorio.
Condiciones para representantes sindicales
El texto oficial también fija condiciones para los trabajadores con representación gremial. Aquellos que posean tutela sindical o mandatos vigentes deberán renunciar previamente a su cargo gremial y acreditar esa decisión ante la Dirección de Relaciones Sindicales para poder acceder al programa.
Plazo y forma de adhesión
La adhesión al plan estará habilitada por tiempo limitado y deberá realizarse a través de un procedimiento formal que será ratificado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
No obstante, el organismo previsional tendrá la decisión final sobre cada solicitud, ya que se reservó el derecho de aceptar o rechazar las propuestas de desvinculación.
Cómo será la compensación económica
En cuanto al aspecto económico, el Gobierno estableció un sistema de compensación calculado en función de un porcentaje por cada año de servicio.
Para evitar pagos elevados en una sola cuota, también se fijaron topes monetarios y la posibilidad de que las gratificaciones que superen determinados montos sean abonadas en cuotas mensuales.
La medida se inscribe dentro del proceso de reorganización del sector público que impulsa la administración nacional, en busca de reducir el gasto estatal y achicar la estructura del Estado.