En un intento por descomprimir la tensión política y asegurar el avance de la reforma laboral, el oficialismo ha confirmado que dará marcha atrás con el recorte salarial para los trabajadores que atraviesen cuadros de salud críticos. La medida, anunciada por la senadora Patricia Bullrich, busca mitigar el costo político de un artículo que se había convertido en el principal blanco de críticas de sindicatos y bloques opositores.
Esta corrección técnica se introducirá durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de blindar a los pacientes más vulnerables sin frenar el núcleo de la reforma que impulsa la Casa Rosada.
Las claves del cambio en el proyecto
La modificación anunciada por Bullrich establece una excepción de «protección total» en el esquema de pagos:
- Sueldo al 100%: Los trabajadores diagnosticados con enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables continuarán percibiendo la totalidad de sus haberes durante la licencia.
- Control estricto: Para acceder a este beneficio, el Gobierno exigirá una «corroboración concreta y fehaciente» del estado de salud, buscando evitar abusos en el sistema.
- El esquema general se mantiene: Para el resto de las patologías o accidentes no laborales, el proyecto original sigue planteando un recorte: el trabajador pasaría a cobrar el 75% de su salario (o el 50% si la lesión ocurre en actividades de riesgo voluntario).
El argumento oficial contra la «mafia de certificados»
Pese a la concesión realizada para los casos graves, Patricia Bullrich defendió la dureza del artículo original. La senadora sostuvo que la reforma es una herramienta necesaria para combatir lo que denominó como una «mafia de los certificados truchos».
Según la jefa del bloque de La Libertad Avanza, existe un sistema de médicos y clínicas que facilitan licencias fraudulentas, lo que impacta directamente en la productividad y en los costos de las empresas. «Llegamos para terminar con las mafias», sentenció, ratificando que el espíritu de control sobre el ausentismo laboral sigue siendo una prioridad innegociable para el Ejecutivo.
Estrategia en Diputados
El oficialismo trabaja ahora a contrarreloj para que estas modificaciones se plasmen en el texto que se debatirá en la Cámara Baja este miércoles. La meta es lograr una «sintonía fina» que permita aprobar el proyecto sin que deba regresar al Senado, lo que demoraría la promulgación que el presidente Javier Milei pretende tener lista antes de la apertura de sesiones ordinarias en marzo.
