La Inspección General de Justicia (IGJ) ha puesto en marcha un operativo de control sobre la Asociación del Fútbol Argentino, advirtiendo con nuevas denuncias judiciales si no se transparentan los balances contables de la entidad.
El foco de la investigación
La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia se encuentra bajo escrutinio administrativo y judicial por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y en la operatividad de la institución. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, busca esclarecer el destino de cifras millonarias que no habrían sido debidamente respaldadas.
Montos e inversiones bajo sospecha
La IGJ ha exigido documentación que respalde movimientos financieros de una magnitud sin precedentes en el fútbol local:
- Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Se investigan gastos e inversiones por más de 111 millones de dólares.
- Liga Profesional: El organismo de control requiere explicaciones por aproximadamente 340 millones de dólares.
- Deudas impositivas: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsa una causa por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social que supera los 19.300 millones de pesos.
Los tres ejes de la intimación
El sumario administrativo abierto por la IGJ se divide en tres áreas específicas que la AFA debe aclarar en un plazo de 20 días:
- Balances y Estados Contables: Entrega obligatoria de los estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025.
- Jurisdicción y Asambleas: El Gobierno cuestiona que la AFA opere en la provincia de Buenos Aires para evitar el control de la IGJ porteña. Se analizan las asambleas realizadas en Ezeiza en octubre de 2025.
- Universidad de la AFA (UNAFA): Se solicitan estatutos, convenios y comprobantes de la creación de esta institución educativa.
La figura del Veedor Informante
En caso de que la AFA no entregue la documentación en tiempo y forma, el Ejecutivo avanzará con la designación de un veedor. Esta figura tiene la facultad de ingresar a la sede de la entidad, acceder a los libros de actas, revisar cuentas bancarias y auditar cada movimiento financiero sin necesidad de pedir permiso a los directivos.
Consecuencias legales
La falta de cumplimiento o la detección de inconsistencias graves podría derivar en una intervención administrativa o en la profundización de las causas penales que ya tramitan en la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El oficialismo sostiene que la entidad habría intentado eludir los controles federales de manera sistemática.