La audiencia duró tres horas y media y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.

   

La audiencia pública para considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) comenzó este martes a las 10:04 y finalizó a las 13:33, en lo que constituye el primer paso para que la Secretaría de Energía disponga los esquemas tarifarios que regirán a partir de junio.

La audiencia duró tres horas y media y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.

El encuentro era presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y se desarrolló en la modalidad virtual.

En ese marco, la funcionaria señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial -es decir de un 20%-, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio, es decir del orden del 40%, teniendo en cuenta que el CVS fue del 53,4% en 2021.

Además, subrayó la «convicción» del Gobierno de que «las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios».

La Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social, en tanto para quienes posean ese beneficio se mantendrían los valores vigentes.

Videla recordó el anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de un «reajuste anual total en sus facturas», y señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio.

Como el CVS fue en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían del 21,3% y del 42,7%, respectivamente.

Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, «no correspondería hacer ninguna corrección» en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.

En cuanto a los que no cuentan con ese beneficio, que Videla caracterizó como «el común de los ciudadanos», los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%.

En consecuencia, los incrementos para estos usuarios deberían ser, según los ejemplos presentados por Videla en la audiencia, del 18% al 25,5%.

Como síntesis, la subsecretaria señaló que «los usuarios sin tarifa social, el común de los ciudadanos, tendríamos un incremento del 20% en las facturas».

La funcionaria remarcó la «convicción» del Gobierno para que «las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios».

Según informó Videla, el Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.

En su presentación, previa a la apertura de la lista de expositores, Videla señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés).

De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar.

En base a esos valores, «se estima que el Estado cubre el 75,6% del costo del gas natural para abastecer la demanda prioritaria», indicó Videla en su presentación.

Quejas

La mayoría de los expositores que participó este martes de la primera de las tres audiencias públicas para analizar propuestas de ajustes en las tarifas energéticas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.

Asimismo, los expositores solicitaron una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.

Uno de los más enfáticos oradores fue el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien cuestionó la presentación realizada en el inicio de la audiencia por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de tarifa social no tendrían un nuevo incremento después del ajuste realizado en febrero, en tanto aquellos que no contasen con ese régimen pagarían en sus facturas un aumento adicional del 20% promedio.

«Eso es una mentira presentada para algunos medios que van a bancar la parada de los aumentos», exclamó, al tiempo que consideró «falso» el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que «las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%».

Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que «no es un momento oportuno», y que su aplicación «afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público».

Asimismo, reclamó mayores inversiones en infraestructura en su distrito y cuestionó que «en pleno siglo XXI» haya sectores de la población sin el servicio de gas por red.

En el mismo sentido se expresó Raúl Zavalía, de la Fundación Pro Vivienda Social, quien sostuvo que «es paradójico que estemos discutiendo las tarifas cuando el 50% de las familias argentinas no tienen acceso a la red de gas», además de advertir que «lo que nos ahorramos a través de los subsidios lo pagamos a través de la inflación».

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó su «desagrado» por haberse establecido un tiempo de exposición de cinco minutos en vez de diez como en las audiencias anteriores, en tanto Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), reclamó más información sobre «los verdaderos costos» y las ganancias de las licenciatarias, para que «el crecimiento sostenido de nuestra economía no se lo lleven cuatro o cinco tipos».

Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó la necesidad de «ampliar y mejorar el régimen de tarifa social», criticó que «los trámites tengan que renovarse cada año», y a su vez pidió «la anulación de los intereses en los planes de pago» que las empresas habilitan a usuarios deudores.

Por su parte, la diputada radical Jimena Latorre cuestionó al Gobierno por lo que consideró una «incongruencia» entre anunciar un recorte en los subsidios y a la vez aumentar las tarifas por debajo de la inflación y la variación salarial.

Latorre también destacó la ausencia en la audiencia tanto del secretario de Energía, Darío Martínez, como del titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, que las atribuyó a «la interna» del Gobierno.

En otro orden, Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), propuso «revisar la normativa de base que ampara la dolarización de las tarifas» en boca de pozo.

Asimismo, dijo que «no es tan cierto que estemos demandando en exceso el requerimiento de subsidios», y aseguró que la Argentina se ubica en el puesto 68 en el mundo entre los países en los que el Estado asiste financieramente a la prestación de los servicios públicos, consigna Télam.

Por último, representantes de subdistribuidoras como Fesubgas o Axxe solicitaron un tratamiento diferenciado para ese sector, tal como se aplicó entre 2009 y 2016, y manifestaron que sus intereses son distintos a los de las distribuidoras.

Audiencia pública

Se prevé la participación de 38 expositores y si bien se contará con la participación de compañías distribuidoras, en su mayoría serán legisladores nacionales y provinciales, entidades de consumidores y defensores del Pueblo de diferentes jurisdicciones.

El Gobierno nacional lleva adelante la primera de las tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.

A través de la plataforma Webex, se realiza la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para la cual el orden del día conformado contempla la participación de 38 expositores, que dispondrán de 5 minutos cada uno.

De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr «niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.

Este lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo con una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional «le hacen bien al país», y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a «3 o 4 puntos del Producto».

El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.