El Gobierno nacional oficializó este martes, mediante el DNU 49/2026, la extensión de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida se concentra en los segmentos de transporte y distribución de gas natural, reconociendo que el país no logrará el autoabastecimiento pleno en el corto plazo debido a demoras en las obras de infraestructura necesarias para trasladar el fluido de Vaca Muerta.
Según los considerandos de la norma, el Ejecutivo admite que las ampliaciones críticas de los gasoductos recién estarán operativas para el invierno de 2027, lo que obliga a mantener un esquema de contingencia para evitar cortes de suministro en hogares e industrias durante los meses de mayor consumo.
Hacia la privatización de la importación de gas
El cambio más significativo del decreto es el desplazamiento de la empresa estatal ENARSA como único comprador de Gas Natural Licuado (GNL). El nuevo esquema propone:
- Concurso competitivo: La Secretaría de Energía llamará a licitación para que una empresa privada se encargue de la compra de barcos metaneros y su posterior regasificación en la terminal de Escobar.
- Precios máximos: Para evitar abusos monopólicos, dado que Escobar es la única puerta de entrada actual para el GNL, el Estado fijará un tope de precio para la venta en el mercado interno. Este valor se determinará cruzando precios internacionales con costos logísticos reales.
- Rol subsidiario: En caso de que el sector privado no muestre interés o la licitación quede desierta, el Estado retomará la importación directa a través de ENARSA para asegurar que no falte gas.
Diagnóstico del sistema: el «cuello de botella»
El DNU detalla la fragilidad actual de la matriz energética argentina, marcada por la imposibilidad de aprovechar al máximo el potencial de la Cuenca Neuquina:
- Infraestructura insuficiente: Existe un límite físico en la capacidad de los ductos para llevar el gas desde el sur hacia Buenos Aires y el Litoral.
- Riesgo de desabastecimiento: Sin la llegada de barcos de GNL, la demanda residencial y el funcionamiento de las centrales térmicas que generan electricidad no podrían garantizarse en los picos de frío.
- Eficiencia económica: El Gobierno sostiene que la gestión estatal de las importaciones ha resultado en erogaciones excesivas y busca que el riesgo comercial sea asumido por actores privados.
Esta prórroga de la emergencia también faculta a las autoridades a continuar con la readecuación de tarifas y la revisión de los planes de inversión de las empresas distribuidoras y transportistas bajo control federal.