En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional rechazó formalmente un pedido de informe que buscaba determinar la ubicación exacta de las reservas de oro de la República Argentina. La respuesta fue presentada ante el juzgado de Loretta Preska, en Nueva York, donde los beneficiarios del fallo por USD 16.000 millones (liderados por el fondo Burford Capital) intentan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia.
El argumento central del Ejecutivo para denegar la información se basa en la división institucional: el Tesoro sostuvo que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que, al ser este una entidad autárquica e independiente, el Ministerio de Economía no posee acceso directo a esos datos.
Puntos clave del rechazo oficial
- Autonomía del BCRA: El Gobierno subrayó que el Tesoro Nacional y el Banco Central son entes separados, limitando así la responsabilidad del primero sobre los activos del segundo.
- Declaración de Luis Caputo: Se rechazó también el pedido de que el ministro de Economía preste declaración testimonial sobre este tema, argumentando que no es la autoridad competente para dar precisiones sobre el manejo de las reservas.
- Traslado del pedido: No obstante el rechazo, el Gobierno indicó que se le dará traslado de la consulta al Banco Central para que el organismo decida si corresponde brindar la información.
La estrategia de los demandantes
Los acreedores del fallo de YPF buscan demostrar que el BCRA es el «alter ego» (otro yo) del Estado Nacional. Si logran que la jueza Preska acepte esta figura, la independencia de la entidad monetaria quedaría anulada ante la justicia estadounidense, permitiendo que las reservas de oro sean tratadas como bienes del Estado y, por ende, sujetas a ejecución y embargo.
Contexto del juicio por YPF
La Argentina se encuentra actualmente a la espera de una resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, tras haber apelado la sentencia de primera instancia que obliga al país a pagar la multimillonaria suma por el deficiente proceso de estatización de la petrolera en 2012.
Mientras el proceso judicial continúa, la búsqueda de activos soberanos —desde el oro hasta aviones o cuentas oficiales— se ha convertido en la prioridad de los demandantes para asegurar el cobro de la deuda.