A través del Decreto 84/2026, el Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Esta medida se tomó para cumplir con el plazo límite establecido por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que fijó el 4 de febrero como fecha definitiva para su implementación tras un amparo colectivo.

Aunque el Ejecutivo acató la sentencia, el decreto incluye una aclaración donde manifiesta que lo hace por obligación legal sin consentir los fundamentos de la norma, manteniendo sus objeciones respecto al impacto fiscal que la ley representa.

Auditorías y el nuevo esquema de pensiones

La reglamentación introduce cambios significativos en la gestión de los beneficios y la certificación, poniendo un fuerte foco en la fiscalización del sistema:

• Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: Se crea este nuevo régimen que absorberá y revisará las prestaciones actuales.
• Plan de Auditorías: La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene 30 días para presentar un esquema de controles periódicos sobre los beneficios otorgados.
• Reempadronamiento y Evaluación: Se iniciará un proceso para verificar incompatibilidades con otros planes y se aplicarán requisitos socioeconómicos más estrictos para los nuevos solicitantes.
• Criterios del CUD: Se redefinieron los parámetros para la obtención del Certificado Único de Discapacidad bajo la nueva normativa.

Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional

Junto con la reglamentación, el presidente Javier Milei designó a Alejandro Vilches como Secretario Nacional de Discapacidad. El médico sanitarista, que ya ejercía como interventor de la ANDIS, será el encargado de ejecutar esta transición y liderar las auditorías bajo la supervisión del Ministerio de Salud.

La aplicación de esta ley pone fin a meses de incertidumbre para miles de beneficiarios, tras el intento de veto y la posterior suspensión por falta de fondos que finalmente la Justicia dejó sin efecto.