A solo tres días hábiles de que termine el año, la administración de Javier Milei enfrenta su prueba de fuego en el Congreso. Tras dos años de gestionar con prórrogas del ejercicio 2023, el oficialismo intenta sellar este viernes la aprobación del Presupuesto 2026. Aunque el conteo de votos previo le sonríe a la Casa Rosada para la aprobación en general, un foco de rebelión en la «letra chica» amenaza con devolver el proyecto a Diputados y desatar una crisis de plazos.

El Artículo 30: El detonante del conflicto

La estabilidad del acuerdo pende de un hilo debido al polémico Artículo 30. Este apartado propone una poda estructural en áreas sensibles que ha puesto en alerta a los aliados de la UCR y bloques provinciales. En concreto, el texto deroga la obligatoriedad de invertir el 6% del PBI en educación y frena el crecimiento del financiamiento científico, eliminando metas que llegaban hasta el año 2032.

Para los senadores liderados por Eduardo Vischi (UCR) y Fernando Salino (Convicción Federal), este punto es inaceptable. Si la oposición aliada logra modificar o rechazar este artículo, el Presupuesto deberá volver a la Cámara de Diputados. Con el calendario al límite, este trámite legislativo extra resultaría fácticamente imposible de cumplir antes del 5 de enero, dejando al Gobierno nuevamente sin ley de leyes.

Previsibilidad o Default

Para el ministro Luis Caputo, la aprobación no es solo un ordenamiento administrativo, sino una señal de vida para los mercados internacionales. El proyecto habilita legalmente al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda para cubrir los millonarios vencimientos que acechan en 2026. Sin esta herramienta, el fantasma del default vuelve a cobrar fuerza en el horizonte financiero.

Las cifras del modelo libertario

El proyecto que defiende La Libertad Avanza se apoya en un optimismo macroeconómico ambicioso:

• Inflación: Proyectada en un 10,4% anual.
• Crecimiento: Una expansión del PBI del 5%.
• Tipo de Cambio: Un dólar oficial a $1.423 para fines de 2026.
• Superávit: Una meta de superávit primario de $2,7 billones.

En el plano social, el ajuste es palpable: se prevé el congelamiento de los bonos para jubilados y una fuerte reducción en la tarjeta Alimentar, aunque se compensaría parcialmente con un aumento real del 6,4% en la AUH.

Inocencia Fiscal: El «escudo» para el ahorro

En paralelo, el Senado buscará sancionar la Ley de Inocencia Fiscal. Esta medida busca blindar los dólares «bajo el colchón» al elevar drásticamente los montos mínimos para iniciar investigaciones por evasión. Bajo este nuevo régimen, solo se podrá investigar por evasión simple a partir de los $100 millones, un salto sideral respecto a los $1,5 millones actuales, facilitando el reingreso de dinero no declarado al circuito económico.