Se trata de un antigua organización dedicada en un principio a hacer inteligencia militar. Luego de varios cambios de nombre, su función dentro del Estado venezolano también mutó.

La denuncia del secuestro del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, el cabo primero Nahuel Agustín Gallo, posó las miradas sobre la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Según pudo saber TN, el Gobierno presume que es en la DGCIM, como se le conoce por su abreviación, donde está detenido el ciudadano argentino.

En un principio, la DGCIM tenía un perfil orientado hacia el sector militar. Sin embargo, en los últimos años, esto fue cambiando hasta convertirse en un organismo relacionado con hechos que involucran a civiles y funcionarios políticos, por lo general, opositores a Hugo Chávez en su momento y ahora a Nicolás Maduro.

El 22 de septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU señaló a sus agentes por estar involucrados en al menos 120 casos documentados de víctimas “que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La historia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar

Se estima que los orígenes de la actual DGCIM se remontan a 1957. Desde entonces, la organización ha tenido varios cambios de nombre: en 1974 comenzó a funcionar con el nombre del Dirigencia de Inteligencia Militar (DIM); en 1977 pasó a llamarse Dirección General Sectorial de Inteligencia Miliar (DGIM) y un tiempo después tuvo otro cambio de nombre a Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM). Era común, sin embargo, que se refiriese a ella simplemente como DIM.

Sus distintas denominaciones sugieren que, en un principio, la tarea de la organización se limitaba a la inteligencia militar en relación con otros países, pero esto cambió. En 2011, bajo el mandato presidencial de Hugo Chávez, adoptó un nuevo cambio de nombre, solo que esta vez también se alteró su fin inicial

Allí pasó a llamarse como se la conoce en la actualidad, Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y se presume que, en adelante, también consolidó un enfoque que puso como destinataria de tareas de contrainteligencia a la ciudadanía o a personas que manifestaran de forma clara una postura opuesta al gobierno, además del sector militar.

El 14 de febrero de 2023, el Instituto CASLA publicó el informe titulado “Todos son sospechosos: la imposición de un sistema delator para el control social. La represión sistemática en la sombra”. En este reporte, la institución se refirió a “las celdas de torturas ubicadas en los tres sótanos de la sede de la DGCIM en Boleíta”, en el estado Miranda. De acuerdo con la investigación, las celdas “han sido nuevamente activadas para torturar física y psicológicamente a los que están en ese lugar detenidos por persecución política, civiles y militares, mujeres y hombres”.

Los antecedentes de abusos y violaciones de Derechos Humanos

Aunque las críticas y denuncias relacionadas con la DGCIM se han intensificado en los últimos años debido a varios ciclos de manifestaciones ocurridas en Venezuela desde 2014, desde hace más de 30 años hay sospechas sobre su accionar. En 1989, durante los acontecimientos definidos como el “Caracazo”, hubo denuncias sobre presuntos allanamientos de morada y abusos contra algunos residentes del barrio 23 de Enero. Para ese entonces, el presidente del país era Carlos Andrés Pérez.

Unos años después, en 2009 y ya en la presidencia de Hugo Chávez, el organismo estuvo involucrado en otro caso que sacudió a la opinión pública venezolana. Fue la detención, el 2 de abril, de Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007. Era visto como una figura aliada del chavismo hasta que comenzó a criticarlo en 2007. En mayo de 2010, fue condenado a siete años y 11 meses de prisión por “delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad”, según reseñó en ese entonces BBC Mundo.

Baduel, quien negó esos cargos, estaba detenido en El Helicoide. Murió bajo custodia en 2021. El gobierno informó que fue por Covid-19. La familia del Baduel puso en duda esta versión.

En 2020, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo”. De acuerdo con Erika Guevara Rosas, directora regional de la organización, en la publicación se informó lo siguiente: “Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”.

Un año antes, el 21 de junio de 2019, Acosta Arévalo había sido detenido por la DGCIM. Se le acusó de formar parte de un Golpe de Estado que se iba a realizar el 23 y 24 de ese mes.

En 2023 se denunció que la DGCIM había detenido a Leonardo Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, dirigentes de la Siderúrgica del Orinoco. En marzo de 2024, La Causa R, un partido de oposición y de izquierda, denunció los allanamientos de viviendas de seis de sus dirigentes en el estado Monagas. En mayo de ese año, también ocurrió otro hecho relacionado con la DGCIM que puso en tensión a los gobiernos de Venezuela y Chile: el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda.

Ojeda denunció haber sido secuestrado y trasladado a la DGCIM. En 2017, según El País, Ojeda llegó a Chile luego de fugarse de la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda. En 2024, Ojeda fue detenido en extrañas circunstancias el 21 de mayo en Chile. Su cuerpo fue encontrado diez días después. Estaba sepultado y con señales de tortura. Esto derivó en otro conflicto entre la diplomacia de ambos países.

¿Qué se sabe sobre el caso del Nahuel Agustín Gallo?

Nahuel Agustín Gallo fue detenido por las Fuerzas de Seguridad de Venezuela el domingo 8 de diciembre. El gendarme estaba ingresando al país a través de Colombia para ver a su familia y, desde ese momento, no se supo nada más sobre él. “Teníamos la ilusión de encontrarnos el domingo, él tenía que tomar vuelo a Caracas”, dijo su esposa, María Gómez.

El viernes 13 de diciembre, la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad expresaron su “enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada” de Gallo, que según versiones fue detenido por una camioneta negra sin ningún tipo de identificación oficial.

Este sábado se conoció que el gobierno de Milei está negociando con Brasil y Colombia para que intercedan y se sepa más información sobre su paradero.

Fuente: infobae.com