La Superintendencia de Salud incluyó en el amparo judicial y ya son más de 20 las intimadas a dar marcha atrás con los precios. Además, pretenden que se les devuelvan a los usuarios lo cobrado por encima de la inflación.

El Gobierno redobla la presión sobre las prepagas y decidió ampliar la medida cautelar a cinco empresas más. Esta decisión busca que las compañías retrotraigan los precios de los planes de salud a los de diciembre y se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en estos últimos meses.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación actuó sobre el Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora.

La medida cautelar fue parte de la acción oficial llevada adelante por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, a raíz de los incrementos en torno al 170% en los precios de la medicina prepaga tras la desregulación del sector que avaló el DNU 70/2023.

Según precisaron desde el Gobierno, se busca resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas “como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas”.

La ampliación de la medida cautelar ahora abarcará a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. Se pretende que las compañías retrotraigan sus valores al 1° de diciembre de 2023. Además, se pide que ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses.

Fuentes oficiales aseguran que “no se trata de una intervención del mercado, sino justamente lo contrario” debido a que el rol fiscalizador de la Superintendencia quiere que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia.

“El Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”, destacaron. También insistieron en que “esta es una acción independiente a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.

Cuando se anunció la medida, Caputo la celebró en sus redes sociales: “Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”, escribió.