El presidente Javier Milei ha profundizado su política de confrontación con los medios de comunicación al utilizar la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial como plataforma para atacar y descalificar a periodistas críticos. Lo que fue presentado inicialmente como una herramienta institucional para «combatir la desinformación», se ha transformado, según denuncian diversos sectores, en un mecanismo de señalamiento público financiado por el Estado.
La escalada se originó tras cuestionamientos al funcionamiento de esta oficina, la cual opera bajo la órbita del Ejecutivo y cuenta con una fuerte influencia del entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.
Ataques personalizados y uso de recursos estatales
El conflicto alcanzó un nuevo pico de tensión cuando el mandatario replicó comunicados de esta oficina para lanzar ataques personales:
- Señalamiento a comunicadores: El Presidente calificó a periodistas de «mentirosos y operadores seriales», acusándolos de intentar generar caos en el país.
- El caso de Luis Novaresio: El periodista fue uno de los blancos principales tras expresar su preocupación por los alcances de esta nueva estructura. La respuesta gubernamental no fue argumentativa, sino que consistió en descalificaciones replicadas por el propio Milei en sus redes sociales.
- Metodología de «disciplinamiento»: Referentes del periodismo y la oposición advierten que la oficina funciona como un órgano de presión destinado a intimidar voces críticas y erosionar el debate público.
Una herramienta bajo la lupa
La creación de la Oficina de Respuesta Oficial ha generado una fuerte controversia por su naturaleza y objetivos:
- Influencia política: Aunque depende formalmente del Gobierno, sectores cercanos a Luis Caputo tendrían un rol decisivo en la elaboración de sus mensajes, orientándolos a defender la gestión económica mediante el ataque directo a la prensa.
- Erosión de la libertad de prensa: Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han alertado sobre el uso discrecional de estructuras del Estado para fines personales y partidarios, lo que podría constituir una forma de violencia institucional hacia los trabajadores de prensa.
Este nuevo episodio marca un punto de quiebre en la relación entre la Casa Rosada y el periodismo, evidenciando que la estrategia de comunicación oficial se apoya ahora en estructuras estatales para sostener la confrontación discursiva permanente.