El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, formalizó hoy la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo central de la administración de Javier Milei es revertir el fallo que ordena restituir de manera cautelar la pensión por viudez a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
La disputa se centra en la asignación mensual vitalicia que la expresidenta percibía como viuda de Néstor Kirchner, la cual había sido dada de baja en noviembre de 2024 tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
Fundamentos de la apelación oficial
El escrito presentado por el Ejecutivo cuestiona la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que el pasado 12 de febrero había favorecido a la exjefa de Estado. Los argumentos del Gobierno incluyen:
- Vulneración de la legalidad: Capital Humano sostiene que el fallo altera disposiciones expresas del ordenamiento jurídico al ignorar la inhabilitación absoluta que pesa sobre la exmandataria debido a su condena penal.
- Cuestionamiento del carácter alimentario: El Gobierno rechaza el criterio de la Cámara que consideró que la pensión tiene un «carácter alimentario» y, por lo tanto, requiere una protección especial. Para el Ejecutivo, se trata de una asignación de privilegio de carácter no contributivo.
- Anticipación de sentencia: Alegan que la medida cautelar otorgada coincide con el objeto principal del juicio, lo cual desvirtuaría la naturaleza de este tipo de herramientas judiciales.
El impacto económico y político
El beneficio en disputa representa una erogación mensual significativa para el Estado. Según los últimos reportes, la cifra rondaría los $12,5 millones (a valores de noviembre de 2024), sin contar la retroactividad que la expresidenta reclama por los meses en los que el pago estuvo suspendido.
Mientras la Corte Suprema define si acepta el recurso extraordinario, la cautelar de la Cámara Federal permanecería vigente, aunque el Gobierno busca que su presentación suspenda los efectos del cobro inmediato. En paralelo, este movimiento judicial ocurre mientras los fiscales de la causa Vialidad solicitan el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a la familia Kirchner.