A pesar de la reciente renuncia de Marco Lavagna, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que el próximo 10 de febrero se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero de 2026. Este informe marcará un hito técnico, ya que será el primero en elaborarse bajo una metodología actualizada que busca reflejar con mayor fidelidad cómo gastan su dinero los argentinos hoy.
El cambio fundamental reside en que el organismo dejará de usar la estructura de consumo de hace 20 años (2004-2005) para adoptar la de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018.
Los ejes de la nueva medición
La actualización del IPC no es solo un trámite administrativo, sino una reconfiguración profunda de qué productos y servicios tienen más impacto en el número final de la inflación:
- De 12 a 13 rubros: Se suma una nueva división específica para Seguros y servicios financieros, permitiendo un análisis más detallado de los costos bancarios y de cobertura que antes estaban diluidos en otras categorías.
- Menor peso en Alimentos y Ropa: Debido a los cambios en los hábitos de consumo, los rubros de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» e «Indumentaria» verán reducida su incidencia porcentual en el índice general.
- El avance de los servicios: En contrapartida, los servicios ganarán protagonismo. El gasto en alquileres, expensas, plataformas de streaming, telefonía móvil y transporte tendrá ahora una mayor relevancia en el cálculo final.
Por qué se actualiza el índice
El objetivo primordial del INDEC es evitar el «desfasaje» estadístico. La canasta anterior no contemplaba con precisión el peso actual de la tecnología, la conectividad y los nuevos modelos de vivienda y transporte que surgieron en las últimas dos décadas.
Al adoptar la base 2017-2018, el ente estadístico se alinea con las recomendaciones internacionales para que los indicadores de precios sean comparables y representen la realidad económica de los hogares en la actualidad.
Con esta ratificación, el Gobierno busca llevar tranquilidad sobre la continuidad técnica del organismo, asegurando que el proceso de recolección de datos y procesamiento no se verá afectado por la transición de autoridades tras la salida de Lavagna.