La gestión del presidente Javier Milei recibió una intimación judicial a raíz de la reciente Resolución 213/25, la cual dispone la eliminación de funciones clave del Programa de Metrología Legal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El requerimiento fue impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denuncia un «intento de privatización» encubierto y un ataque directo a las facultades de control y fiscalización del organismo.
La medida del Ejecutivo Nacional genera preocupación no solo en el ámbito laboral, sino también por el impacto directo que tiene sobre la seguridad y la transparencia en el consumo cotidiano de los ciudadanos.
Un área clave para la vida cotidiana
El Programa de Metrología Legal es el encargado de certificar que los instrumentos de medición utilizados en el comercio y la salud funcionen correctamente. Entre sus tareas principales se encuentran:
- Combustibles: Controlar que los surtidores de nafta entreguen el litraje exacto por el que se paga.
- Comercio: Verificar la precisión de las balanzas comerciales en supermercados y carnicerías.
- Seguridad vial: Calibrar y certificar el correcto funcionamiento de alcoholímetros y radares (cinemómetros) utilizados para fotomultas.
- Salud y seguridad: Regular instrumentos médicos de precisión y herramientas bajo reglamentación nacional.
Denuncia por «vaciamiento» y riesgo de privatización
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante al señalar que la resolución cesa las actividades de aprobación de modelos y certificación. Según el gremialista, la medida pone en riesgo cientos de empleos y deja a la población desprotegida frente a posibles fraudes en las mediciones.
«Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control», expresó Aguiar, advirtiendo que, sin la intervención estatal del INTI, ya no habrá garantías de que «un kilo sea realmente un kilo» o que los instrumentos médicos operen bajo normas de seguridad confiables.
El conflicto judicial y el futuro del Instituto
La intimación judicial busca frenar la aplicación de la norma mientras se dirime si la desarticulación del área afecta derechos constitucionales de los trabajadores y la protección de los consumidores. Desde el sindicato advirtieron que esta resolución se enmarca en el objetivo del Gobierno de reducir al mínimo las dependencias estatales, promoviendo que las tareas de certificación pasen a manos de empresas privadas.
Por el momento, el clima en el INTI es de incertidumbre, a la espera de una respuesta oficial de la Casa Rosada o de un fallo que defina si la Metrología Legal continuará bajo la órbita pública.