Un productor agropecuario de Quimilí, de apellido Monedero, denunció robo sistemático de insumos, señalando a tres de sus propios empleados como los principales artífices del ilícito.

En el corazón de la región agrícola de Santiago del Estero, un escándalo sacude los cimientos del mercado negro de agroquímicos. Un productor agropecuario de Quimilí, de apellido Monedero, ha denunciado el robo sistemático de insumos valuados en 82 mil dólares, señalando a tres de sus propios empleados como los principales artífices del ilícito.

La historia comenzó a tejerse en octubre de 2024, cuando Monedero inició la campaña agrícola en su campo, ubicado a la vera de la ruta 6. Desde entonces, notó una preocupante disparidad entre la inversión en insumos y el rendimiento de sus hectáreas. La sospecha comenzó a rondar su mente, pero la confianza en sus empleados, Kevin, Jorge y Wilson, quienes manejaban las máquinas pulverizadoras, lo llevó a descartar cualquier irregularidad.

Sin embargo, un giro inesperado cambió el rumbo de los acontecimientos. Una fuerte discusión con los empleados reveló un oscuro entramado. Uno de ellos, presionado, entregó un teléfono celular que contenía pruebas irrefutables: conversaciones y acuerdos con un tal Javier, un intermediario conocido en la zona por sus negocios en el mercado negro.

Las pruebas revelaron que Javier había adquirido una importante cantidad de agroquímicos robados, incluyendo Nitrifor Plus, Landocioletrina, Aloxifo, Cletodim, Quintal extra, Abamectina, Bifentrin, Pirate, aceite Celeryti, Dicamba y coadyudante. Los empleados habían acordado vender los productos por 600 mil pesos, muy por debajo de su valor real, estimado en 850 mil pesos.

La fiscal Luján González Garay tomó cartas en el asunto, ordenando una serie de medidas para esclarecer el robo. La investigación se centra en determinar cómo los empleados sustrajeron los agroquímicos del galpón de almacenamiento del campo, y si lo hicieron directamente o durante las aplicaciones en los cultivos.

El caso ha puesto al descubierto una red de venta ilegal de agroquímicos que opera en la región. Para Monedero, la conexión de sus empleados con el intermediario revela un «puente» que facilita el acceso de otros productores a productos ilegales. Las cifras son alarmantes: se estima que el mercado negro mueve millones de pesos, con ganancias exorbitantes para quienes participan en él.

La policía y la fiscalía trabajan arduamente para desarticular esta red y llevar a los responsables ante la justicia. El objetivo es claro: descabezar la organización y exponer a quienes se benefician del robo de agroquímicos, un delito que perjudica a los productores y pone en riesgo la seguridad alimentaria.