La modalidad más cruel del transporte de droga se había detenido en las provincias de Salta y Jujuy. Ahora, según fuentes oficiales, la frontera con Bolivia promedia tres casos por semana.

Las mulas con cocaína en sus estómagos son, históricamente, las víctimas del lado más cruel del negocio narco en la Argentina. Captadas por las organizaciones para llevar la droga en su interior, llamadas “capsuleras” en la jerga, corren el riesgo de que la droga envuelta en preservativos explote en su interior para causarles la muerte. Las “capsuleras”, usualmente mujeres pobres, son propias del tráfico aéreo, con envíos hacia Europa o Tierra del Fuego. Solían verse en los controles en el norte argentino, hasta que se convirtieron en una rareza, en una zona donde los dobles fondos en vehículos con decenas de kilos son una escena común hace casi una década. La capacidad de transporte de una “capsulera”, desde ya, es mucho menor. Por lo menos, en la frontera con Bolivia, llevar droga en el estómago ya no era negocio.

Hasta que, meses atrás, volvieron a aparecer: solas, en grupo, desde Bolivia, desde Perú, en pasos fronterizos y cruces ilegales. Los casos se reactivaron raudamente este año. Fuentes en el Ministerio de Salud de Jujuy precisaron que a lo largo de todo el año pasado en el Hospital de La Quiaca recibieron a cinco personas con cocaína en el estómago. Sin embargo, en lo que va del 2024, los pacientes ascendieron a 21, más del cuádruple. Sin embargo, no todos los casos que pasan por los centros de salud son judicializados. El nuevo ascenso en las “capsuleras” fue confirmado por fuentes en el Poder Judicial y en la Procuración. El ascenso, también, lleva a las autoridades a preguntarse por qué las mulas ingestadas dejaron de verse por tanto tiempo, y por qué regresaron.

Hubo un caso resonante antes de que las “caspuleras” dejaran de ser vistas: el de Rosana López, una mujer salteña.

El 19 de junio de 2022, López ingirió 749 gramos de cocaína. Una de las 74 cápsulas que tragó explotó mientras viajaba en un micro a la provincia de Chaco, acompañada por Jessica Nahir Figueroa, la encargada de vigilar y coordinar la operación.

Durante el viaje, López comenzó a sufrir los primeros síntomas. Como el dolor era cada vez peor, Figueroa llamó a un chofer de su confianza. Juntos intentaron sin éxito que expulsara las cápsulas del cuerpo para salvar la droga. Sin recibir atención médica, Rosana López murió en la madrugada del 20 de junio. Descartaron su cuerpo en la ruta 26 y al día siguiente lo encontró un trabajador rural.

El pasado 10 de mayo, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a Jessica Figueroa a 10 años de cárcel por el transporte de la droga en el estómago de la víctima. Pero tanto ella como su colaborador resultaron absueltos por la muerte, en primera instancia. Esta sentencia será revisada en Casación.

Los casos recientes son casi idénticos.

Después de vomitar una cápsula, N. M., una mujer salteña de 20 años, ingresó de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, en Orán, en la noche del 16 de marzo de este año. Tenía un fuerte dolor estomacal, náuseas y vómitos, según comentó a los médicos de guardia.

La sometieron a una cirugía y le sacaron del cuerpo 41 envoltorios con cocaína, con un peso de 465 gramos. Lo que estaba pasando llegó a oídos del personal policial de guardia en el centro de salud. Dieron aviso a la fiscalía de turno, que abrió una causa e imputó a la paciente.

Su defensa pidió ante el Juzgado Federal de Garantías de Orán la nulidad de todo el procedimiento porque la prueba del delito se obtuvo al quebrar el secreto profesional de los médicos.

La Corte Suprema de Justicia sentó un precedente con el fallo Baldivieso, donde determinaron que cualquier ciudadano tiene derecho a la confidencialidad, “incluso para quien se encuentra realizando una conducta delictiva”. Al mismo tiempo, se entendió que existe un dilema para quien está en esa situación y debe definirse entre no ir a un hospital y arriesgarse a morir, o recibir la asistencia y enfrentar un proceso penal.

Por eso finalmente la causa no avanzó y quedó anulada en el Tribunal de Revisión de Salta. En Buenos Aires, jueces como Sebastián Casanello consideraron a las mulas como víctimas de trata en los últimos años.

El regreso y el factor Perú

Para marzo de este año reaparecieron las primeras “mulas” ingestadas. Desde julio en adelante se mantuvieron de forma sostenida las detenciones, siempre a cargo de Gendarmería.

El Ministerio Público de la Defensa, según fuentes en el organismo, recibe solamente Jujuy tres casos de “capsuleros” por semana, en promedio. Como novedad, empezaron a verse grupos masivos de personas ingestadas.

Uno de los más llamativos ocurrió a mediados de septiembre, en Jujuy, cuando detuvieron en un remise a cinco transportistas. En primer lugar sorprendió a los investigadores que fueran peruanos -casi siempre son de nacionalidad argentina o boliviana-, pero más les llamó la atención cuando recibieron un reporte sobre sus perfiles: todos tienen estudios, uno incluso se graduó de un terciario, y otro estaba registrado en un empleo formal.

Las bandas narco generalmente captan a personas vulnerables para mover la droga. Les pagan, según declaran ante la Justicia, entre 600 y 800 dólares por concretar la entrega.

“Creemos que está pesando mucho la situación económica en Perú. Además, allá está barata la droga, y el precio de un kilo de cocaína peruana se puede multiplicar 50 veces en Buenos Aires”, le explicó a Infobae una fuente con acceso al caso.

A su vez, la misma fuente ubicó en torno a un 15 por ciento la proporción de “capsuleros” de nacionalidad peruana entre todos los detenidos en el último tiempo cerca de la frontera.

En la misma semana, sobre la ruta 9, la Gendarmería controló tres remises que se dirigían a San Salvador de Jujuy. En total, 13 de los involucrados tenían droga dentro de su cuerpo. Es una cantidad inédita de “mulas” para un solo procedimiento.

Un funcionario del Poder Judicial, con intervención en este tipo de causas, arriesga una hipótesis, una maniobra de distracción: “Puede ser que el narco envíe a un ‘capsulero’ para distraer a todo un escuadrón de Gendarmería para hacer pasar por la frontera un cargamento más importante”.

“Algunos cruzan por los pasos legales, pero otros lo hacen por pasos ilegales. Esos son los más sospechosos porque son una detención segura. Si la mula viene desde Perú o incluso Bolivia en alguna ruta la van a parar, y si no tiene el certificado de Migraciones, la van a requisar seguro”, amplía la fuente.

Fuente: infobae.com