Apenas cuatro días después de la histórica firma en Asunción, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea sufrió un revés institucional determinante. Este miércoles 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una moción para judicializar el tratado, frenando de inmediato su proceso de ratificación.
La votación fue extremadamente reñida: 334 votos a favor de la suspensión, 324 en contra y 11 abstenciones. Esta decisión remite el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si el pacto vulnera los tratados fundamentales de la comunidad.
¿Qué se cuestiona legalmente?
El nudo del conflicto no es solo comercial, sino constitucional para la UE. El Parlamento fundamentó su decisión en dos puntos críticos:
- Base Legal de Aprobación: El bloque legislativo duda de la validez del mecanismo que permite ratificar capítulos del acuerdo sin pasar por los parlamentos nacionales de cada país miembro (proceso conocido como splitting).
- Mecanismo de Reequilibrio: Se cuestiona si las salvaguardas ambientales y comerciales incluidas en la firma del 17 de enero respetan la normativa comunitaria.
La resistencia agraria: el motor del freno político
Aunque la suspensión es jurídica, el trasfondo es la masiva presión social en Europa. Países como Francia, Polonia, Irlanda, Hungría y Austria mantienen una postura de rechazo absoluto, impulsada por sindicatos agrarios que denuncian «competencia desleal».
- Diferencia de estándares: Los agricultores europeos sostienen que deben cumplir con normas estrictas de trazabilidad y prohibición de pesticidas que no se exigen con la misma rigurosidad en Sudamérica.
- Protestas en las calles: En París, más de 350 tractores bloquearon los Campos Elíseos esta semana, mientras que en Irlanda se registraron bloqueos de rutas bajo la consigna «Stop UE-Mercosur».
¿Cuánto tiempo estará congelado el acuerdo?
Desde la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, lamentaron la decisión y aseguraron que los cuestionamientos «no están justificados». Sin embargo, los plazos legales son claros:
- Plazo estándar: El Tribunal de Justicia suele demorar entre 18 y 24 meses para emitir una opinión consultiva de este tipo.
- Vía de urgencia: Existe la posibilidad de que los jueces prioricen la solicitud debido a la relevancia geopolítica, pero difícilmente se resuelva antes de finales de 2026.
Este freno representa un duro golpe para las expectativas de los países del Mercosur, especialmente para Argentina y Uruguay, que esperaban una apertura inmediata del mercado europeo para productos como carne vacuna, soja y azúcar.