El peronismo busca bloquear la reforma laboral con un dictamen propio en Diputados

El peronismo busca bloquear la reforma laboral con un dictamen propio en Diputados

El bloque de Unión por la Patria decidió unificar sus proyectos y avanzar en la redacción de un dictamen alternativo para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Los legisladores resolvieron no esperar el tratamiento en el Senado y anticiparse al cronograma oficial, fijando una posición de rechazo total antes del debate previsto para el 11 de febrero.

La estrategia del principal bloque opositor apunta a confrontar con el esquema de «tratamiento acelerado» propuesto por el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien planea llevar el proyecto a comisión y emitir dictamen el mismo 18 de febrero.

Críticas al cronograma y falta de consenso

Desde el peronismo manifestaron un fuerte malestar por la velocidad que el oficialismo pretende imprimirle al debate, considerando que se busca eludir la participación de actores clave del sector:

  • Debate cerrado: Los legisladores denuncian que se está legislando «a espaldas» de jueces laborales, especialistas en derecho del trabajo y organizaciones sindicales.
  • Cambios estructurales: Advierten que el proyecto oficial no es solo una reforma laboral, sino que esconde modificaciones de fondo en los sistemas impositivo, previsional y sindical.

El impacto en los salarios según la oposición

Para los diputados de Unión por la Patria, la aprobación de la ley tal como está planteada por el Ejecutivo tendría consecuencias directas en el bolsillo de los trabajadores. Entre sus principales preocupaciones destacan:

  • Debilitamiento de los convenios: Sostienen que el rol de la negociación colectiva se verá seriamente afectado.
  • Techo salarial: Alertan que, con la nueva normativa, lo que hoy se considera un salario mínimo o «piso» pasará a ser el «techo» de las remuneraciones en el mercado laboral.

Con este dictamen propio, la oposición busca consolidar un frente de resistencia legislativa mientras el Gobierno negocia a contrarreloj para intentar sancionar la ley antes de que termine el mes de febrero.

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