En una contundente muestra de unidad en defensa de la autodeterminación, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria (Diputados) y el Bloque Justicialista (Senado) emitieron un comunicado conjunto para condenar el bombardeo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Los legisladores calificaron la intervención de los Estados Unidos como una violación «grave y deliberada» de la soberanía nacional, denunciando que este acto rompe con los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas.

Desde el Congreso nacional, el peronismo advirtió que el uso unilateral de la fuerza por parte de la administración de Donald Trump no solo ataca a Venezuela, sino que hiere de muerte la estabilidad de América Latina y el Caribe, históricamente declarada como Zona de Paz.

Un precedente nefasto para América Latina

Los legisladores señalaron que la captura del mandatario venezolano bajo el pretexto de órdenes judiciales extranjeras representa un retroceso democrático que recuerda las etapas más oscuras del intervencionismo en el continente:

• Inacción y complicidad: El comunicado cuestiona implícitamente el aval del gobierno de Javier Milei a la operación militar, señalando que Argentina debe recuperar una política exterior basada en el principio de no intervención y el rechazo al uso de la fuerza.
• Erosión del multilateralismo: Los bloques advirtieron que este tipo de agresiones armadas debilita los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos y deja a todas las naciones de la región vulnerables ante la arbitrariedad de las potencias imperiales.
• Comparaciones históricas: Dirigentes como Eduardo Valdés trazaron paralelismos con las invasiones a Irak y Libia, alertando que el objetivo final no es la «democracia», sino el control geopolítico y el saqueo de recursos estratégicos.

El llamado a la comunidad internacional

Ante la gravedad de los hechos, el peronismo instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar con firmeza frente a lo que consideran una «agresión imperialista» que vulnera la integridad territorial de los Estados. El documento reafirma que la legitimidad de un gobierno solo puede ser juzgada por su propio pueblo y no por la fuerza militar de una nación extranjera.

Voces de la dirigencia, como las de Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz, se sumaron al repudio, calificando el accionar militar como una afrenta que altera la estabilidad regional y tildando de «claudicación soberana» el respaldo brindado por la Casa Rosada al despliegue de las fuerzas estadounidenses.