En la reunión de Gabinete, Javier Milei mostró su fastidio por las complicaciones en el tratamiento del proyecto en Diputados y busca involucrar a los mandatarios en las negociaciones.

Cuentan quienes estuvieron presentes en la reunión de Gabinete de este jueves que a Javier Milei se lo vio especialmente enojado con los gobernadores, «sin distinción partidaria», en una aclaración que contempla que no solo apuntó contra los que accedieron a sus cargos por Unión por la Patria y el kirchnerismo, sino también a los de Juntos por el Cambio.

El Presidente siguió de cerca las negociaciones que el oficialismo mantuvo con los legisladores durante este miércoles, tras la firma del dictamen por la «ley ómnibus», y la disputa mediática contra los mandatarios provinciales que lideró el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, a quien respaldó: «Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos«, lanzó, sin rodeos, ante la atenta mirada de sus ministros, luego de que trascendiera que el conteo de votos en la Cámara de Diputados muestra un escenario complejo para oficialismo.

En rigor, más que un respaldo, fue la continuidad de una estrategia que vienen desplegando Milei y Caputo en las últimas semanas para persuadir a que los gobernadores, que necesitan fondos frescos para cubrir el rojo fiscal de sus provincias, a convencer a los diputados y senadores a votar el proyecto «Bases para la libertad de los argentinos» que promueve el Gobierno.

El plan tuvo como primer capítulo el aviso por parte del Gobierno respecto a que no se avanzaría con la reversión de los cambios en Ganancias dispuesto por Sergio Massa en su etapa como ministro de Economía, en el marco del «plan platita» impulsado durante la campaña electoral; y se acentuó en los últimos días con la advertencia del jefe de Estado de que planteará un esquema de «transferencias cero» a las provincias.

Y este miércoles Caputo insistió con un desafío público a los gobernadores: contó que reunió a su tropa «para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado». «No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico», aclaró.

Dirigentes de la oposición, como el diputado Miguel Pichetto, presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, le contestaron con dureza: «Tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos», le respondió. Y recordó que «no tuvo la valentía» de presentarse en el Congreso a defender el proyecto.

En Gabinete, Caputo se sumó a la línea trazada por Milei y explicó a sus pares: «Si esta ley no llega a buen puerto, se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias». Con esto se refiere a todos los desembolsos por fuera de la masa coparticipable: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las obras, los programas para distintas áreas acordados con cada gobernador y otras partidas discrecionales, que en 2023 oscilaron en total en torno a los 2 billones de pesos.

Milei completó el concepto: «Vamos a socializar el costo de la ley. Las más perjudicadas van a ser las provincias si esta ley no se aprueba».

En paralelo, en una sugestiva medida, el Gobierno anunció, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, que va a promover «en lo inmediato» la creación de «una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos”, especialmente en los supuestos de “enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”. “Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito”, dijo el portavoz.

En la Casa Rosada, por si quedaban dudas de la intencionalidad, aclararon que no solo investigará a funcionarios nacionales, sino «también gobernadores, funcionarios provinciales y del Poder Legislativo».