En un revés político de magnitud para la Casa Blanca, el Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución bipartidista que restringe la autoridad de Donald Trump para emprender ofensivas militares. Amparados en la Ley de Poderes de Guerra, los legisladores determinaron por 52 votos contra 47 que el Ejecutivo debe obtener la autorización previa del Parlamento antes de profundizar la intervención armada en Venezuela o iniciar conflictos en otros destinos.
Fractura en el bloque republicano
Lo más significativo de la jornada fue la pérdida de la disciplina partidaria en las filas del oficialismo. Mientras que en dos ocasiones anteriores los republicanos habían bloqueado iniciativas similares, esta vez un grupo de legisladores disidentes se unió a los demócratas para poner un freno a la discrecionalidad presidencial.
- El mensaje político: La votación ocurre en un contexto de máxima tensión tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, lo que reavivó el debate sobre si las fuerzas estadounidenses excedieron los límites constitucionales.
- El factor Trump: El avance de la resolución se interpreta como una respuesta al perfil «envalentonado» del mandatario, quien recientemente anunció el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales.
El camino legislativo y el veto presidencial
Si bien el resultado en el Senado es un golpe simbólico y político contundente, el proceso aún enfrenta barreras institucionales:
- Cámara de Representantes: El proyecto debe ser ratificado por la cámara baja para tener fuerza de ley.
- Veto Presidencial: Se espera que Donald Trump utilice su poder de veto para anular la resolución, lo que obligaría al Congreso a reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir, un escenario que hoy parece lejano.
La resolución no solo apunta a Venezuela, sino que establece un precedente sobre el control legislativo de la política exterior en un 2026 marcado por la beligerancia diplomática y el despliegue de tropas en puntos estratégicos. El Congreso busca, en última instancia, evitar que el país se vea arrastrado a «guerras sin fin» decididas unilateralmente desde el Despacho Oval.