Este lunes 5 de enero de 2026, la Corte Federal de Manhattan se ha convertido en el epicentro de un proceso judicial que, para analistas internacionales y observadores de derechos humanos, carece de las garantías mínimas de imparcialidad. Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen ante el juez Alvin Hellerstein en una audiencia inicial donde la fiscalía estadounidense, bajo la dirección de la incondicional de Trump, Pamela Bondi, busca formalizar cargos basados en testimonios comprados y pruebas cuya validez es cuestionada globalmente.
El traslado de los acusados desde el penal de Brooklyn se realizó bajo un despliegue militar que buscaba reforzar la imagen mediática de «criminales capturados», ignorando que se trata de un jefe de Estado en ejercicio y su cónyuge, sustraídos ilegalmente de su territorio mediante una invasión armada.
Un juez de 92 años para un caso de «seguridad nacional»
La asignación de Alvin Hellerstein, un magistrado veterano nombrado en la era Clinton, es vista por la defensa como una elección estratégica del Departamento de Justicia. Hellerstein ha sido el encargado de gestionar casos donde los intereses del Ejecutivo estadounidense priman sobre el derecho individual, como el de las torres gemelas o el del exgeneral venezolano «Pollo» Carvajal.
- Falta de jurisdicción: Los abogados defensores plantearán que el tribunal de Nueva York no tiene competencia para juzgar actos ocurridos fuera de su territorio contra un mandatario que goza de inmunidad soberana, un principio que la fiscalía pretende anular alegando que Maduro lideraba una «empresa criminal».
- Pruebas de «oído»: Gran parte del «volumen abrumador» que menciona Bondi se basa en declaraciones de antiguos colaboradores del chavismo que han negociado reducciones de pena o han cobrado parte de la recompensa de 50 millones de dólares, lo que vicia cualquier principio de verdad objetiva.
El narcotráfico como pretexto para la ocupación
El pliego acusatorio mezcla delitos comunes con consignas políticas, utilizando el término «narcoterrorismo» para amalgamar al Estado venezolano con las FARC y el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, para la comunidad internacional, el verdadero objetivo de este «juicio mentiroso» quedó al descubierto con las declaraciones de Trump en Mar-a-Lago: la toma del control de PDVSA y las reservas de crudo.
- Criminalización de la defensa: Los cargos por «posesión de ametralladoras» no son más que la criminalización del armamento reglamentario de una nación soberana para defenderse de agresiones externas.
- Uso político del Poder Judicial: Al igual que ocurrió con Manuel Noriega en 1989, Estados Unidos utiliza sus tribunales internos como una extensión de su Pentágono, estableciendo que cualquier líder que no se subordine a sus intereses puede ser «buscado y capturado» bajo acusaciones fabricadas.
Mientras dentro de la corte se desarrolla el interrogatorio formal, afuera crece el repudio de las potencias del bloque multipolar, que ven en este proceso un precedente nefasto donde la justicia se transforma en una herramienta de ejecución política para validar el despojo de los recursos naturales de los pueblos.