El conflicto por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad suma un nuevo capítulo de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Pese a la intimación que exige la ejecución inmediata de la norma a partir del próximo 4 de febrero de 2026, la administración de Javier Milei confirmó que solo está derivando recursos de manera parcial.

Desde la Casa Rosada argumentan que la aplicación total de los gastos previstos pondría en riesgo la meta de déficit cero del presupuesto actual, por lo que han optado por una estrategia de cumplimiento mínimo para evitar sanciones legales mientras ganan tiempo legislativo.

El plan oficial: evitar el impacto fiscal

La táctica del Gobierno se divide en dos frentes para contener el desembolso de fondos:

• Transferencias limitadas: Se envían los recursos estrictamente necesarios para no incurrir en desobediencia judicial, pero sin cubrir la totalidad de las prestaciones y subsidios que establece la ley original.
• Reforma legislativa: El Ejecutivo ya trabaja en un proyecto que enviará al Congreso en marzo. El objetivo es redefinir los alcances de la ley para hacerla «financieramente sustentable», lo que en la práctica implicaría recortar ciertos beneficios o endurecer los requisitos de acceso.

Incertidumbre en el sector

Esta decisión genera una fuerte preocupación entre las organizaciones de personas con discapacidad y prestadores de salud, quienes denuncian que la falta de recursos plenos ya afecta la continuidad de tratamientos y servicios esenciales. Mientras el Gobierno prioriza el equilibrio de las cuentas públicas, la justicia mantiene su postura de exigencia, lo que anticipa un marzo de fuertes debates parlamentarios y posibles nuevas presentaciones judiciales.