Referentes de las compañías tendrán una reunión con funcionarios mañana. El objetivo es que se castigue a aquellos gremialistas que bloqueen fábricas.

En medio de la discusión por la nueva Ley Ómnibus y la amenaza de un nuevo paro general de la CGT, empresarios de todo el país exigen al Gobierno que incluyan en la reforma laboral duras sanciones contra los sindicatos que bloqueen fábricas.

Este reclamo, que había sido anticipado en el decreto 70/2023, enfrentó un revés legal cuando el capítulo laboral de dicho decreto fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Ahora, el debate sobre este tema resurge con fuerza, ya que comenzará a discutirse en plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, con la emisión de un dictamen programada para el jueves. Entre los diversos proyectos de reforma laboral que se encuentran en la mesa, se destaca el presentado por la Unión Cívica Radical (UCR).

Este miércoles, un grupo de empresarios de primer nivel tiene agendada una reunión con funcionarios del Gobierno para insistir en la necesidad de que las sanciones contra el bloqueo sindical sean incluidas en el dictamen. Este es un tema delicado y urticante que generó tensiones con los gremios, ya que lo consideran como un “castigo” a los que reclaman despidos o recuperación del salario.

Vale destacar que en materia laboral, además de penar los bloqueos en fábricas, el DNU N° 70/2023 introducía diversas reformas tales como la extensión del período de prueba, la eliminación de las multas laborales a favor del trabajador, la simplificación registral de la relación laboral, multas a bloqueos en fábricas, entre otras, cuyos efectos se encontrarían, por el momento, suspendidos, publica TN.

Fue después de que la Cámara Nacional del Trabajo emitiera un fallo contundente, dando de baja los efectos laborales del megadecreto firmado por Javier Milei en diciembre del año pasado, a poco de asumir el gobierno.

En una sala conformada en feria, los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera tomaron la decisión de revocar la sentencia de primera instancia, lo cual dio luz verde a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En ese contexto, el decreto había generado el primer y prematuro paro nacional que hizo la central obrera sindical, la cual consideró que las medidas impuestas implicaban “pérdidas de derechos, de puestos de trabajo, de independencia económica, sumado a privatizaciones indiscriminadas”.

Para dentro de tres semanas, la CGT tiene planeado otro paro general, el segundo de esta gestión. En esa línea, desde el Gobierno cruzaron a la cúpula gremial y compararon la medida con una “receta de un remedio vencido”.

Fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien consideró que este tipo de formas de protesta es “una metodología que debe revisarse”. A pesar del desacuerdo con la convocatoria cegetista para el 9 de mayo, Cordero descartó la posibilidad de romper el diálogo con la central obrera.

Justamente, los empresarios se reunirán con Cordero el próximo miércoles. En las últimas horas, el funcionario apeló a la “responsabilidad de la sociedad” para cerrar acuerdos que contengan la suba de precios, como firma de evitar la conflictividad que mantienen las centrales sindicales con la gestión libertaria en materia de empleo y salarios.

Como una especie de “abogado del diablo”, Cordero buscará poner paños fríos y responder a las distintas demandas de los sectores, tanto empresarial como sindical. “Los distintos espacios políticos tienen las mismas ideas, esto se está alineando y la necesidad de una mejora laboral es algo que se puso sobre la mesa como un elemento esencial”, afirmó.