Encabezados por la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario (presidenta) y rubricado por mis pares del país, los integrantes del FOVIRA emitimos un documento luego de la reunión mantenida ayer en la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires.
Dicho documento, expresa lo siguiente: «Vicegobernadores y vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial».
Agrega: «La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional».
En tal sentido, señala: «La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas. El ‘activismo judicial’, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio».
Advierte: «Estamos frente a un nuevo paradigma: el Poder Judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución».
«En estos días -remarca- nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una ‘asociación ilícita’. Tamaño antecedente, que habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.»
Firman el documento los vicegobernadores y vicegobernadoras: Verónica Magario (Buenos Aires); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Florencia López (La Rioja); Alejandra Rodenas (Santa Fe); Ruben Dusso (Catamarca); Analia Rach Quiroga (Chaco); María Laura Stratta (Entre Ríos); Eber W. Solis (Formosa); Mariano Fernández (La Pampa); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y Sergio Mansilla (Tucumán).