Elevaron a juicio la causa seguida en su contra, y por razones de salud hicieron lugar al cese de prisión. Se le impuso medidas restrictivas y reglas de conducta varias.

   

El Dr. Rodolfo Améstegui, juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, concedió —por razones de salud— el cese de prisión para una mujer que es oriunda de Villa Brana, departamento Moreno, la cual se encuentra acusada de golpear y obligar a que se prostituyan sus hijas de 11, 17 y 19 años, hechos por los que está cumpliendo preventiva.
Además, tras el control de las pruebas aportadas por las partes del proceso, el magistrado procedió a elevar a juicio la causa seguida en contra de la imputada. 
La mujer, de 38 años, fue detenida el 1 de julio del año pasado, luego de que las víctimas le contaran a una vecina los suplicios que padecían, la cual las contuvo emocionalmente y radicó la denuncia en contra de la progenitora de las damnificadas. De inmediato se dio intervención a efectivos de la División Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía provincial, los cuales se trasladaron hacia Villa Brana, situada a 80 km de la ciudad de Quimilí, donde iniciaron una profunda investigación, manteniendo entrevistas con los pobladores de la zona y lograron comprobar las aberrantes acciones de la inculpada hacia sus hijas.

Requieren la detención
De todo ello se informó a la Dra. Jésica Lucas, integrante de la Unidad Fiscal para delitos contra la integridad sexual y violencia institucional para la jurisdicción Capital, quien solicitó la orden de allanamiento y detención para la mujer. Con el oficio firmado por el Juzgado de Control y Garantías, los policías concretaron el procedimiento en la vivienda y detuvieron a la madre de las víctimas, quien está acusada del delito de promoción y facilitación de la prostitución, en perjuicio de sus hijas.
En el momento procesal oportuno le dictaron la prisión preventiva, y ayer en audiencia la defensora oficial Adriana Bóbboli requirió el cese de prisión, al considerar inexistentes los peligros procesales. Presentó la documentación que acredita que la acusada presenta una grave enfermedad en el útero.
La fiscal se opuso al cese y pidió que se le conceda prisión domiciliaria, pero el juez le rechazó el planteo y concedió el cese de la preventiva a la inculpada, con severas medidas restrictivas.