Escándalo en Brasil: abogada e influencer santiagueña detenida por racismo en Ipanema

Escándalo en Brasil: abogada e influencer santiagueña detenida por racismo en Ipanema

La Justicia de Río de Janeiro investiga a la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez, de 29 años, tras ser denunciada por un grave episodio de discriminación racial en un exclusivo bar de Ipanema. Ante el riesgo de fuga, las autoridades brasileñas le retiraron el pasaporte, le prohibieron abandonar el país y le colocaron una tobillera electrónica mientras se sustancia el proceso penal.

La joven es hija del empresario Mariano Páez, quien recientemente también ha estado en el foco de la opinión pública en Santiago del Estero debido a denuncias por violencia de género.

Crónica del incidente en el bar

El conflicto, que escaló rápidamente hasta convertirse en una causa judicial, se originó el pasado miércoles 14 de enero por una disputa menor:

  • El origen: Un desacuerdo al momento de pagar la cuenta en un establecimiento gastronómico.
  • La agresión: Según la denuncia y los testimonios recogidos por la policía, mientras se revisaban las cámaras de seguridad para aclarar el cobro, Páez habría increpado a un hombre con insultos racistas.
  • Pruebas determinantes: Los videos del sistema de vigilancia del bar captaron a la abogada realizando gestos de mono y emitiendo sonidos ofensivos, una conducta que en Brasil es castigada con severidad bajo leyes de injuria racial que no permiten la excarcelación simple.

Consecuencias legales y repercusión

La investigación quedó a cargo de la comisaría 11ª DP (Rocinha). La decisión de imponerle una tobillera electrónica es una medida poco frecuente para turistas, lo que refleja la gravedad con la que la justicia brasileña aborda los delitos de odio y racismo.

El caso ha generado un fuerte repudio en las redes sociales, donde la joven solía compartir contenido sobre sus viajes y estilo de vida. En Brasil, la legislación se endureció recientemente, equiparando la injuria racial al delito de racismo, lo que implica penas de prisión efectiva de entre dos y cinco años, además de ser un delito imprescriptible y no sujeto a fianza en ciertos contextos.

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